Una lancha rápida se incendió y se hundió en Buenaventura: los tripulantes tuvieron que lanzarse al agua

El incendio y posterior hundimiento de una embarcación artesanal en Buenaventura activaron el 12 de marzo los protocolos de emergencia de la Dirección General Marítima (Dimar).

Los cuatro tripulantes fueron rescatados con vida tras el siniestro en la bahía interna, cerca de Punta Limones. La nave operaba sin certificados vigentes ni matrícula oficial.

El incidente activó una respuesta coordinada de las autoridades marítimas y otras embarcaciones cercanas, que lograron socorrer a los ocupantes.

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Tras el rescate, la autoridad competente inició una investigación para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

El fuego fue detectado por el sistema de vigilancia marítima cuando apareció una cortina de humo en el canal, en las inmediaciones de Punta Limones.

Las alarmas fueron activadas inmediatamente y una unidad de reacción rápida de la Estación de Guardacostas de Buenaventura acudió al lugar, junto con el apoyo del remolcador Magdalena. Los equipos intentaron controlar la emergencia, pero la nave finalmente se hundió.

Rescate de los tripulantes y estado de salud

Los tripulantes fueron trasladados posteriormente al muelle y se encuentran sanos y salvos. No se reportaron lesiones como resultado de la emergencia.

La intervención conjunta de las embarcaciones de la zona y las autoridades permitió evitar consecuencias personales graves. Todo el procedimiento siguió los protocolos establecidos para incidentes de este tipo.

Investigación sobre la embarcación y acciones de las autoridades

La Dirección General Marítima constató que la nave no contaba con certificados vigentes ni estaba registrada bajo una matrícula oficial.

Por ello, se ha iniciado una investigación administrativa para determinar las circunstancias del incendio, el naufragio y la eventual responsabilidad de los propietarios o responsables de la nave. La investigación busca esclarecer el origen del siniestro y definir si existió alguna negligencia o irregularidad en la documentación de la embarcación.

La proliferación de embarcaciones artesanales sin papeles adecuados sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades de Buenaventura, según las autoridades locales. Una vez concluido el proceso iniciado por este caso, se espera definir responsabilidades y prevenir nuevos episodios semejantes en el principal puerto del Pacífico colombiano.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ejecutó una operación conjunta con la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, que culminó en el decomiso de mercancía de contrabando valorada en más de $16.321 millones en las ciudades de Medellín, Bogotá y Buenaventura.

Estos operativos, desarrollados en marzo de 2026, se inscriben en la estrategia nacional para fortalecer el control estatal sobre el comercio y tienen como consecuencia directa la protección de la economía formal, la salud pública y la seguridad ciudadana.

En el desglose de resultados obtenido por las autoridades, figura la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 unidades de juguetería, 395 de medicamentos, 6.072 artículos de aseo, 2.856 elementos de oficina y 246.718 objetos de diversas categorías en dos bodegas del barrio Colombia, en Medellín.

El valor de la mercancía intervenida en ese punto fue estimado en $15.571 millones, cifra que excluía todo respaldo documental que acreditara un ingreso legal al territorio nacional, detalló Luis Adelmo Plaza, director de Gestión de Fiscalización de la Dian.

Plaza puntualizó que la Dian continuará desplegando medidas rigurosas para impedir que productos carentes de documentación —como las más de 500 pacas de medias incautadas en una bodega de la localidad de Los Mártires, en Bogotá, cuyo valor supera $750 millones— circulen en el mercado.

Esas inspecciones pusieron en evidencia el empleo del llamado contrabando técnico, modalidad identificada por la autoridad como el uso de papeles aparentemente legales para disfrazar el ingreso de artículos diferentes a los declarados, lo que representa una amenaza para la equidad y transparencia en el comercio.