Las pruebas por lavado de activos que tiene la Fiscalía contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos

El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito

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El empresario Jorge Moreno es
El empresario Jorge Moreno es el padre de Laura Moreno, que estuvo involucrada y fue absuelta por el caso Luis Andrés Colmenares - crédito Colprensa

Cuando todo parecía mejorar en el seno del hogar de Laura Moreno, la joven que, durante años, peleó con la justicia para demostrar su inocencia por la muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida en 2010, un nuevo lío legal vuelve a involucrar a uno de los integrantes de la acomodada familia.

Se trata de Jorge Moreno, empresario y padre de Laura Moreno, que ahora enfrentaría una inminente imputación de cargos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Según información conocida por la revista Cambio, la Fiscalía General de la Nación lo vincula con el caso La Patrona, considerado uno de los mayores esquemas de defraudación fiscal en Colombia, con un perjuicio para la Dian que ascendió a unos dos billones de pesos.

El caso La Patrona reveló una red de facturación falsa que, entre 2006 y 2009, permitió a decenas de empresas evadir impuestos y dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito. Olga Lucía Díaz Guzmán, identificada como líder de la estructura, fue capturada en su momento. Posteriormente, colaboró con la justicia y detalló el funcionamiento del sistema y la identidad de sus beneficiarios.

Justamente en medio de su confesión, una de las empresas de Moreno resultó presuntamente involucrada en la red ilícita. Montajes JM, fundada por el empresario en Yopal en 1997, figura entre las principales compañías señaladas.

De acuerdo con el expediente conocido y revelado por la revista Cambio, esta firma habría recurrido a nueve empresas fachada que emitieron facturas por servicios inexistentes. El valor total de las operaciones ficticias sumaría 121.076 millones de pesos.

El mecanismo habría consistido en inflar gastos a través de estas empresas de papel, lo que supuestamente reducía la base gravable y facilitaba que los fondos regresaran al sistema financiero con apariencia de legalidad.

La Fiscalía sostiene que la compañía habría gestionado la facturación ficticia de manera reiterada y no por un simple error contable. Los patrones hallados —coincidencia en fechas, montos similares y empresas emisoras recurrentes— serían, según el ente acusador, claves para sustentar la imputación por lavado de activos y patrimonio ilícito.