El repentino cambio de destino profesional de Andrea del Pilar Verdugo generó un intenso debate en los círculos políticos de Colombia, en un contexto marcado por la controversia sobre la imputación reversada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Tras abandonar su posición como directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, Verdugo fue incluida, en menos de una semana, como nueva asesora en el despacho de la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez. Esta rápida transición fue interpretada desde varios sectores como parte de una pugna de fondo dentro de la administración pública.
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Infobae Colombia confirmó que en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República, el perfil de Verdugo figura para su nuevo cargo en el Ministerio de Ambiente; sin embargo, su hoja de vida omite mencionar su reciente desempeño bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía.
La renuncia de Verdugo ocurrió en pleno revuelo mediático por la marcha atrás en la formulación de cargos contra Augusto Rodríguez por presuntas omisiones en los esquemas de seguridad del precandidato presidencial y senador de la República por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que falleció en agosto de 2025 tras ser víctima de un atentado.
Andrea del Pilar Verdugo no es una desconocida para la ministra (e) Irene Vélez. Ambas colaboraron en 2022: Verdugo se desempeñó como asesora del Ministerio de Minas y Energía hasta la dimisión de Vélez en medio de la polémica sobre la autorización de salida del país a uno de sus hijos. Su carrera incluye, además de cargos directivos y participación en organismos de control, una experiencia amplia como asesora en entidades nacionales y distritales, como los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia.
Director de la UNP hizo graves acusaciones contra el ministro de Justicia (e)
La resolución de la Fiscalía de retirar la imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, lejos de cerrar el debate dentro del Gobierno de Gustavo Petro, ha potenciado nuevas tensiones.
La disputa interna emergió cuando Rodríguez responsabilizó al ministro de Justicia (encargado), Andrés Idárraga Franco, de estar detrás de los cargos que casi lo llevan ante los tribunales, en un contexto marcado por las debilidades del aparato de seguridad estatal y los recientes magnicidios en el país.
En declaraciones previas, el titular de la UNP sostuvo que la investigación judicial —relacionada con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe— fue motivada por dinámicas políticas y personales, en un clima de creciente desconfianza entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Rodríguez denunció: “Incluso llegué a pensar que se trataba de una retaliación del doctor Andrés Idárraga, que ha dicho que yo lo he espiado”.
Durante la inauguración del tercer Centro de Oportunidades en Libertad en Cali, Valle del Cauca, Idárraga se refirió públicamente al episodio, fijando distancia respecto a las decisiones de la Fiscalía.“No tiene sentido que el Ministerio de Justicia interfiera en las decisiones de la Fiscalía. Sería una falta de respeto hacia la fiscal general y los fiscales que manejan los casos. La Fiscalía actúa de manera autónoma y toma sus decisiones dentro de su competencia. Nosotros respetamos esa independencia y la separación de poderes”, dijo el ministro Idárraga.
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