Colombia ha mostrado avances en materia económica y social en los últimos años. Las cifras generales de pobreza han bajado y algunos indicadores dan señales de recuperación.
Sin embargo, ese progreso no ha sido igual para todos. Las víctimas del conflicto armado siguen rezagadas y, para muchas de ellas, la pobreza sigue siendo parte de su vida diaria. Así lo advierte el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), publicado en enero de 2026.
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Según el documento, aunque hay mejoras frente a años anteriores, la violencia continúa teniendo un impacto profundo y duradero en las condiciones de vida de millones de colombianos. La reducción de la pobreza no ha sido suficiente para cerrar las brechas que dejó el conflicto armado.
Casi la mitad de las víctimas sigue siendo pobre
El informe revela que en 2024 el 44,6% de la población víctima del conflicto armado vivía en pobreza monetaria. Esto significa que casi una de cada dos personas afectadas por la violencia no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En el caso de las víctimas de desplazamiento forzado, la cifra es aún mayor: el 45,8% se encontraba en esta situación.
Aunque estos porcentajes representan una disminución frente a 2023, el avance es lento y contrasta con el promedio nacional, que muestra una mejor recuperación. En otras palabras, mientras el país mejora en general, las víctimas avanzan a un ritmo mucho más lento.
La pobreza extrema también sigue siendo un problema grave. En 2024, el 18,1% de las víctimas vivía con ingresos tan bajos que no alcanzaban ni siquiera para cubrir una alimentación mínima. Entre las personas desplazadas forzosamente, este indicador fue del 18,5%. Son cifras que reflejan una realidad dura y persistente, especialmente en un país que busca dejar atrás décadas de conflicto.
Mujeres, rurales e indígenas: los más golpeados
El informe del Dane muestra que la pobreza no afecta a todas las víctimas por igual. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. En 2024, el 46,1% de las mujeres víctimas del conflicto era pobre, frente al 42,8% de los hombres. La diferencia también se mantiene en la pobreza extrema, lo que evidencia una doble vulnerabilidad: ser mujer y haber sufrido la violencia.
Las brechas territoriales también son claras. En las zonas rurales y centros poblados pequeños, la pobreza es mucho más profunda que en las ciudades. Allí, cerca de la mitad de las víctimas vive en pobreza monetaria y casi una cuarta parte en pobreza extrema. La falta de empleo estable, las distancias con los servicios básicos y el impacto del desplazamiento siguen marcando la vida cotidiana de estas comunidades.
La situación es aún más crítica para las víctimas pertenecientes a grupos étnicos. Entre quienes se reconocen como indígenas, el 61,9% vive en pobreza monetaria y el 38,1% en pobreza extrema.
En el caso de la población afrocolombiana, casi la mitad de las víctimas también enfrenta pobreza. Estas cifras muestran cómo la violencia profundizó desigualdades históricas que aún no han sido superadas.
Más allá del dinero, las carencias persisten
El Dane también analizó la pobreza desde una mirada más amplia, que incluye factores como educación, salud, empleo y vivienda. Bajo este enfoque, conocido como pobreza multidimensional, el 18,4% de las personas víctimas seguía enfrentando varias carencias al mismo tiempo en 2024.
Si bien este indicador ha mejorado frente a años anteriores, el problema sigue siendo grave en las zonas rurales, donde cerca del 30% de las víctimas vive con múltiples necesidades insatisfechas. El trabajo informal es uno de los principales obstáculos: más del 80% de los hogares con víctimas depende de empleos inestables, sin seguridad social ni ingresos fijos.
A esto se suman bajos niveles educativos, rezago escolar en niños y jóvenes, dificultades para acceder a agua potable y problemas en las condiciones de la vivienda. Son carencias que no se solucionan solo con crecimiento económico.
El informe deja un mensaje contundente: Colombia ha avanzado, pero las heridas del conflicto siguen abiertas. Para las víctimas, salir de la pobreza sigue siendo una tarea pendiente. Las cifras mejoran, pero la deuda social persiste y exige políticas más focalizadas, sostenidas y pensadas para quienes aún cargan con las consecuencias de la violencia.
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