La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, representada por el abogado Pablo Bustos, solicitó al Consejo de Estado la declaración de pérdida de investidura para nueve congresistas por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
La demanda involucra a los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como a los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
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Los hechos se fundamentan en presuntos actos de tráfico de influencias, violación del régimen de incompatibilidades y supuestas gestiones para obtener contratos y cargos en la Ungrd a cambio de apoyo a iniciativas legislativas del Gobierno nacional.
El núcleo de la demanda destaca las acusaciones de manejo irregular de contratos millonarios y la existencia de procesos judiciales abiertos.
Según Bustos, los congresistas habrían incurrido en conductas que constituyen tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, al gestionar o exigir cargos y contratos dentro de la Ungrd en contraprestación por su respaldo a reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público en el Congreso.
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Parte de los hechos se sustenta en declaraciones ante la Fiscalía del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, que señalaron supuestos acuerdos irregulares para direccionar contratos en distintas regiones del país.
El documento presentado por la Red de Veedurías advierte que varios de los congresistas ya son objeto de investigación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, bajo señalamientos de presunto cohecho impropio.
Además, se indica que algunos de estos procesos judiciales se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos firmados con exfuncionarios del Gobierno.
Corresponde ahora al Consejo de Estado decidir si admite para estudio la demanda, la cual podría desembocar en la pérdida de investidura de los parlamentarios señalados.
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Magistrada remitió apelación de exministros Velasco y Bonilla a otro despacho en caso Ungrd
La magistrada Catalina Guerrero Rosas del Tribunal Superior de Bogotá declaró que no es competente para resolver el recurso de apelación presentado por las defensas de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, implicados en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).
Según información obtenida por La FM, Guerrero Rosas ordenó trasladar el expediente al magistrado Ramiro Riaño Riaño, en cumplimiento de la normativa que regula los procesos en segunda instancia en los tribunales.
La apelación presentada por los abogados de los exministros busca revocar la decisión que ordenó su reclusión en prisión, argumentando que se violó el debido proceso y el derecho a una defensa justa.
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Los defensores sostienen que la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, excedió sus funciones al ordenar la privación de la libertad de Velasco y Bonilla, dado que ni la Fiscalía General de la Nación ni las víctimas solicitaron esta medida. Asimismo, solicitaron que, en caso de no conceder la libertad, se les otorgue detención domiciliaria.
En el escrito de apelación, las defensas alegan una extralimitación de funciones de la magistrada Rosero Baquero y cuestionan la imparcialidad del proceso. Según el exministro Velasco, “nosotros no nos apropiamos de un solo centavo” y calificó como sospechosa la valoración de sus reuniones durante su gestión.
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Velasco insistió que no siente garantías y que acudirá a todas las instancias legales para demostrar su inocencia, afirmando que no representa un peligro para la sociedad y que se ha retirado de la vida política.
En este momento, Bonilla permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá y Velasco en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali. El magistrado Ramiro Riaño deberá decidir si asume la ponencia para resolver la apelación. Si tampoco acepta la competencia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá determinará qué magistrado debe asumir el caso.
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