El sector salud en Colombia enfrenta un escenario de alarmas crecientes. Un informe de la Contraloría General de la Nación reveló el profundo deterioro financiero de la red pública hospitalaria, en contraposición con los reiterados anuncios de apoyo e inversión realizados por el presidente Gustavo Petro. La situación no solo afecta la estabilidad de los centros médicos, sino que pone en entredicho la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios, advierte el ente de control.
Según la entidad, la deuda de la red pública hospitalaria alcanzó un aumento del 30 % en apenas nueve meses: pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que compromete la sostenibilidad del sistema. El informe señala que si bien el giro directo de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) aumentó de un promedio mensual de $846.000.000.000 en 2024 a $1,076 billones en 2025, este incremento no sirvió para mitigar la cartera vencida.
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El ente de control también detectó que, en 2025, existió una distribución inequitativa de los recursos canalizados a través del giro directo: los prestadores privados recibieron el 67,7% de los fondos, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2%. Esta situación agrava los problemas de financiamiento y amplía las brechas en la red hospitalaria.
En cuanto a los pagos recibidos por los hospitales públicos, la Contraloría documentó un deterioro sistemático. En 2024, las entidades facturaron $18,8 billones y recibieron pagos por $15,7 billones (el 84%), lo que generó una cartera equivalente al 16%. Para 2025, la situación se agravó: se facturaron $16,3 billones y únicamente se pagaron $12,6 billones (el 77%), elevando el monto de recursos pendientes por cobrar.
El informe detalla además la evolución de la cartera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con mayor deuda. Entre 2024 y 2025, las obligaciones crecieron cerca del 42%, pasando de $4,5 billones a $6,4 billones.
Frente a esto, Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, explicó a Infobae Colombia que el reporte de la Contraloría solo denota la pésima administración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según su análisis, la falta de financiación a los hospitales y clínicas del país acentúa la crisis del sistema de salud y, por consiguiente, vulnera los derechos de los colombianos.
“Atención a la advertencia de la Contraloría General de la República al Ministerio de Salud. Mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se burla de los colombianos, la falta de giros está llevando a clínicas y hospitales a una situación muy crítica. La Contraloría así lo evidencia. Hay una asfixia financiera de la red pública hospitalaria”, expuso.
La congresista también señaló a este medio que las medidas impulsadas por el Gobierno Petro tienen como objetivo, a su juicio, debiitar a las EPS con el fin de expropiarlas y adherirlas al Estado.
“Ese famoso chu, chu, chu, la estrategia de intervenir para expropiar los recursos de la salud y generar, propiciar esta crisis. En el llamado Gobierno del Cambio, el derecho a la salud se volvió un drama a diario”, denunció Arbeláez.
Y agregó:“Entre enero y agosto, la Defensoría recibió dieciocho mil cuatrocientas cincuenta y un tutelas por salud. En solo junio del 2025, hubo ciento cincuenta y cuatro mil reclamos ante la Superintendencia de Salud. Eso significa que son cinco mil doscientas personas todos los días reclamando porque el sistema no responde. Las consecuencias no las pagan los ricos, como está diciendo el señor ministro, la pagan los pacientes con su vida. No solo son irresponsables, son indolentes. Este gobierno es responsable de todo lo que está pasando y así lo hemos venido advirtiendo desde la discusión de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro”.
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