
La crisis comercial y diplomática entre Ecuador y Colombia, por la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer lo que se ha llamado una “tasa de seguridad”, que es más bien un arancel del 30% a los productos nacionales, tiene un nuevo capítulo: tras conocerse la intervención del Secretario General de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, que solicitó oficialmente la postergación de las recientes medidas anunciadas desde Quito y la respuesta de Bogotá.
El diplomático, a través de una misiva emitida desde Lima (Perú), se ofreció como mediador para superar el conflicto. “He remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas y poniéndome a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho”, afirmó Gutiérrez Reinel, que está presto a ofrecerse como mediador en esta disputa y solventar una situación que podría generar un impacto mayúsculo en la región.
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La disputa se agudizó desde el 21 de enero de 2026, cuando Noboa anunció la imposición del referido arancel a todas las importaciones procedentes de Colombia, en una medida que entrará en vigor el 1 de febrero. Frente a esta importante decisión, el gobierno ecuatoriano la justificó en la falta de cooperación en seguridad por parte del Ejecutivo colombiano y el objetivo de reducir el déficit comercial, que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
En respuesta a esta determinación unilateral, Colombia calificó el arancel como una “agresión económica” y aplicó represalias inmediatas. Entre las primeras acciones, la orden del presidente Gustavo Petro suspendió de manera indefinida la exportación de energía eléctrica a Ecuador, recurso del que el país vecino ha dependido para paliar su crisis energética interna; y, del mismo modo, estableció un arancel recíproco (30%) a productos ecuatorianos.
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El llamado a la integración regional que hizo el secretario de la CAN
En su comunicado, el Secretario General de la CAN subrayó el papel de la organización como facilitadora del entendimiento regional. “Privilegiar la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”, fue la postura de Gutiérrez, que instó a ambos países a abrir canales de diálogo para dejar atrás este impasse, que ha traído vientos de preocupación.

“La Secretaría General de la Comunidad Andina se pone a disposición para acompañar un proceso que permita abordar las preocupaciones de ambos países”, aseguró el funcionario, reiterando la disposición del organismo a actuar “en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena”, enfatizó el secretario frente a lo que está ocurriendo tras el mensaje de Noboa: que en las plataformas digitales señaló a Petro de falta de cooperación en materia de seguridad.
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La confrontación arancelaria afectará sectores estratégicos de ambas economías. En el caso de Colombia, los productos más perjudicados incluyen energía eléctrica, medicamentos, insecticidas, vehículos de carga y productos de belleza, según informaron las organizaciones gremiales. Por su parte, para Ecuador, el golpe principal recae sobre las exportaciones de atún enlatado y aceites vegetales, rubros esenciales en su balanza comercial con el país cafetero.

Estos vientos de crisis ‘soplan’ en medio de las restricciones fronterizas tomadas desde finales de 2025. En efecto, desde diciembre pasado se había restringido el tránsito internacional entre los dos países, que se limitó solo a los pasos de Rumichaca y Huaquillas, lo que complicó aún más la logística para el comercio binacional. Esta situación encendió las alarmas entre los gremios exportadores de ambos lados, pues la crisis encarecerá los insumos básicos y alimentos.
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Hasta el momento, la medida ecuatoriana se mantiene “de forma indefinida hasta que exista un compromiso efectivo en seguridad fronteriza”, según el gobierno de Noboa. Por su parte, la administración Petro ha priorizado el abastecimiento interno de energía, por lo que -de no pasar nada extraño- suspenderá el suministro a partir del mi jueves 22 de enero desde las 6:00 p. m., como lo informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
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