
El abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre los cuestionamientos que surgieron tras conocerse un contrato por más de 88 millones de pesos suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), luego de que el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, denunciara la contratación en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En entrevista con Noticias RCN, el jurista, quien ha ejercido la defensa de Nicolás Petro y de integrantes de la familia presidencial, explicó el alcance del contrato y rechazó las críticas que han rodeado su vinculación con la entidad.
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Carranza aseguró que el contrato corresponde a una consultoría estratégica
Durante la entrevista con el medio, Carranza afirmó que el contrato tiene un objeto específico y negó que se trate de un cargo diferente al de una consultoría jurídica.
“Este es un contrato para hacer una consultoría estratégica en este momento, un litigio estratégico y es por un término que es de aquí a diciembre, eso es todo”, manifestó el abogado.
El jurista explicó que su labor estará enfocada en una consultoría de litigio estratégico relacionada con el proceso de empalme gubernamental, así como en la revisión de documentos solicitados por congresistas.
De acuerdo con sus declaraciones, esa será la naturaleza del trabajo que desarrollará durante la vigencia del contrato suscrito con el Dapre.

También explicó por qué cuenta con un esquema de protección
En la misma entrevista, Carranza fue consultado por el esquema de seguridad que actualmente le proporciona la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sobre este punto, el abogado señaló que las medidas de protección no obedecen únicamente a la representación jurídica del presidente Gustavo Petro o de Nicolás Petro, sino al contexto en el que ha ejercido su profesión.
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“El tema de mi seguridad es un tema que realmente amerita la protección, no por ser el abogado de Nicolás, ni por ser sencillamente el abogado de Gustavo Petro, sino por defender en un momento de polarización a personas representantes de un polo”, afirmó.
La denuncia del senador Andrés Forero
Las declaraciones de Carranza se conocieron después de que el senador Andrés Forero hiciera pública la existencia del contrato mediante una publicación en la red social X.
Según el congresista, el Dapre adjudicó un contrato por más de 88 millones de pesos al abogado cuando restan pocas semanas para finalizar el actual Gobierno, y su ejecución se extendería durante la próxima administración.
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En su publicación, Forero cuestionó la contratación al considerar que el abogado representa legalmente al presidente Gustavo Petro y a su hijo Nicolás Petro.

Carranza respondió a los señalamientos en redes sociales
Tras la publicación del senador, el abogado respondió a través de su cuenta en X y defendió la contratación.
Carranza sostuvo que el contrato responde a una necesidad del Dapre y afirmó que, según su versión, esta surgió por la ausencia de un proceso de empalme con el gobierno entrante.
“Vergonzoso que un senador no pregunte antes de juzgar, vergonzoso que Forero matonee a los abogados por trabajar. El Dapre necesita atención especializada por la falta de empalme que creó el gobierno entrante, entonces qué, les toca quedarse quietos y no consultar. Abusivo y cobarde el Senador Forero”, escribió.
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Posteriormente, el senador insistió en sus críticas y aseguró que el abogado permanecería vinculado mediante el contrato durante buena parte del próximo gobierno.
En respuesta, Carranza cuestionó nuevamente las afirmaciones del congresista y sostuvo que este no había interpretado correctamente la duración del contrato.
“Y por qué dos semanas, tras de cobarde e irresponsable no sabe leer. Si el contrato es de ocho meses son ocho meses de trabajo. Lea!!”, respondió el abogado.
El contrato y los cuestionamientos en la recta final del Gobierno
De acuerdo con la información divulgada por el senador Andrés Forero, el contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales al Dapre para apoyar la elaboración y estructuración de informes requeridos por organismos de control, además de contribuir en la elaboración de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta.
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Según el documento compartido por el congresista, el contrato tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La contratación se conoce en medio de los cuestionamientos de distintos sectores políticos sobre decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del gobierno del presidente Gustavo Petro y que continuarán ejecutándose durante la administración entrante.
Además, esta no es la primera vez que el nombre de Alejandro Carranza genera debate público. En 2025, la designación de su esposa como asesora del director de la Aeronáutica Civil también provocó cuestionamientos por la cercanía entre ambos, situación que en ese momento abrió un debate sobre posibles conflictos de interés.
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