La Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca determinó la suspensión provisional de las actividades en la zona próxima al río Frío en las instalaciones de la institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada sin vida, tras permanecer desaparecida 18 días en Cajicá.
Esta medida buscaría prevenir nuevos riesgos mientras se estudia a fondo la situación, después de que la autoridad identificó irregularidades en la ubicación y adecuaciones del plantel, que plantearían interrogantes urgentes sobre la seguridad escolar y la protección de los menores, informó Noticias RCN.
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Mientras tanto, se conoce que la familia de Valeria Afanador formalizó ante la Fiscalía una solicitud para imputar cargos de homicidio agravado contra la rectora y dos docentes del colegio.
La medida representa la primera acción concreta de una autoridad sobre las responsabilidades institucionales en un caso que ha generado conmoción nacional.
Según el documento oficial conocido por el medio, la CAR determinó que el plantel educativo incumplió la distancia reglamentaria entre sus instalaciones y la fuente hídrica, exponiendo a los estudiantes a un riesgo evitable.
Además, la autoridad ambiental señaló modificaciones no autorizadas realizadas por el colegio en la ronda del río, lo que constituye una intervención ilegal en el área protegida.
La sanción consiste en la suspensión inmediata de las actividades que se desarrollan en la zona aledaña al río Frío, lugar donde fue encontrada la menor.
En el documento, la CAR precisó: “Es imperioso imponer al Gimnasio Los Laureles medida preventiva consistente en suspensión inmediata de actividades desarrolladas al área de ronda de la fuente hídrica”.
El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró en conversaciòn con el medio que, según su análisis, “el colegio no tenía las garantías de seguridad para los niños”.
Esta medida cautelar, aunque sujeta a revisión de fondo, constituye la primera sanción formal contra la institución educativa desde el inicio de la investigación.
Familia de Valeria Afanador pide que imputen por homicidio agravado a funcionarios del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajocà
Las últimas novedades sobre el caso que que sigue resonando en la actualidad colombiana fue que el abogado de la familia, Julián Quintana, exige que la Fiscalía impute cargos por homicidio a la rectora y a dos profesores del colegio.
El eje de la acusación se basa en la presunta omisión de quienes estaba obligados a protegerla y, según la defensa, no lo hicieron.
“Porque Valeria no murió por azar, murió en un contexto en el que quien debía protegerla, pudiendo hacerlo, decidió no hacerlo”, definió Quintana en el oficio judicial divulgado y citado El Tiempo.
La menor fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 dentro de las instalaciones del colegio y, 18 días después, su cuerpo apareció, según el informe oficial, tras una muerte por “sumersión en medio líquido”.
La familia afirmó que las circunstancias alrededor de su desaparición no han sido aclaradas, y que la responsabilidad recae sobre las figuras adultas que tenían el deber institucional de velar por su seguridad.
El representante legal de los Afanador explicó cómo dos empleados en particular, Emely Viviana Cifuentes, directora de curso, y Diego Orlando Pinzón, profesor de educación física, debieron estar atentos a Valeria uqe, además, era una menor con síndrome de Down.
Quintana afirmó: “Después de verificados todos los elementos probatorios que reposan en la Fiscalía, hemos solicitado, a través de memorial donde están estructuradas perfectamente la imputación de cargos de la rectora del colegio y dos profesores, por homicidio agravado en modalidad dolosa. Esperamos que más temprano que tarde la Fiscalía radique audiencias de imputación”, dijo, citado por el medio.
Al fundamentar la solicitud, el documento entregado por la defensa insiste en que la acusación es “por las conductas punibles que correspondan, en calidad de garantes que omitieron actuar frente a un riesgo evidente, permitiendo la materialización del resultado que culminó con la muerte de la menor Valeria Afanador”.
En declaraciones recogidas por CityTv, el abogado del colegio, Francisco Bernate, describió las funciones delegadas: “Una docente, quien estaba a cargo de acompañar a los menores mientras tomaban la merienda y que tenía que estar pendiente cuando la menor abandonó el salón. En segundo lugar, el profesor encargado de la custodia, del cuidado del jardín o del espacio donde ellos jugaban e interactuaban en el descanso”.
El mismo abogado definió, además, que la potencial imputación de cargos “no es procedente”.
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