El movimiento Pacto Por Una Mejor Salud encendió las alarmas ante la iniciativa presidencial de liquidar de manera generalizada las EPS intervenidas, advirtiendo que ello tendría consecuencias inmediatas en la continuidad de atención médica, el acceso a tratamientos y la estabilidad financiera de clínicas y hospitales.
Dentro de sus advertencias, destacan que una decisión de este tipo, ejecutada sin un modelo de transición probado y con respaldo financiero, profundizaría la crisis que atraviesa el sistema y trasladaría de forma abrupta la carga operativa al Estado colombiano, el cual no tiene la capacidad de asumirla en todo el país.
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En su análisis, el movimiento señaló que para finales de 2025, las deudas del Gobierno nacional con el sector salud podrían haber aumentado, y los desembolsos del presupuesto máximo previsto para ese año se encontrarían atrasados en más de 2 billones de pesos.
Además, la proyección para 2026 anticipa que la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) acentuaría la desfinanciación, ya que no cubriría integralmente las demandas de los regímenes contributivo y subsidiado.
El presupuesto máximo planteado para 2026 apenas alcanzaría el 25% de lo necesario para atender casos de enfermedades huérfanas y patologías de muy alto costo.
Según Pacto Por Una Mejor Salud, eliminar de manera abrupta las EPS —sin un sustituto operativo ni un plan de transición adecuado— produciría un vacío funcional imposible de suplir por las instituciones estatales existentes.
La organización agrupa a más de 40 entidades del sector, incluyendo gremios de pacientes y exministros. Sostiene que pese a las dificultades actuales del modelo y a las medidas de intervención, las EPS resultan esenciales en tareas como la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación de servicios, la articulación entre el primer y segundo nivel de atención, y el pago regular a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
El movimiento argumentó que “no hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país”.
De acuerdo con su diagnóstico, cualquier intento de transferencia inmediata de estas funciones supondría una sobrecarga para la infraestructura estatal, y pondría en riesgo la cobertura y la calidad de los servicios prestados.
La advertencia añade que los pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o que requieren tratamientos prolongados experimentarían las principales afectaciones. El escenario que describe Pacto Por Una Mejor Salud prevé el incremento de los riesgos en la entrega oportuna de medicamentos y la realización de procedimientos vitales, así como interrupciones en la continuidad de los tratamientos, lo que puede desencadenar un aumento de la morbimortalidad y la saturación de servicios de urgencias.
En términos financieros, la organización resaltó que, incluso si los recursos de la UPC se mantienen, la supresión repentina de los pagadores organizados rompería la cadena regular de desembolsos —afectando la liquidez de hospitales y clínicas—, lo que derivaría en incertidumbre contractual, retrasos en los pagos y deterioro de las condiciones laborales para el talento humano en salud.
Según su pronunciamiento, “los efectos financieros serían severos. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación seguirían fluyendo, la disminución o ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Millones de ciudadanos y miles de hospitales y clínicas quedarían sin un interlocutor claro, profundizando la crisis humanitaria y de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud”.
La organización sostuvo que la crisis del sistema no se resuelve con liquidaciones improvisadas, e insiste en que es prioritario corregir la desfinanciación, cumplir las decisiones de la Corte Constitucional y asegurar transiciones técnicamente responsables.
Como resumen de su postura institucional, Pacto Por Una Mejor Salud dejó constancia de que “el derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico. La salida a la crisis requiere diálogo, rigurosidad y responsabilidad institucional; no es con atajos que profundicen la incertidumbre y el sufrimiento de la población y los trabajadores”.
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