La Justicia ordena esclarecer la muerte de la teniente Zapata y sus posibles vínculos con la Comunidad del Anillo: se negó la preclusión

La Fiscalía General de la Nación está obligada a continuar la investigación sobre la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata, luego de que un juez rechazó la solicitud de cierre del caso, según determinó el Juzgado 58 Penal del Circuito.

El fallo señala que deben esclarecerse los hechos y determinar si el deceso de la oficial está relacionado con la Comunidad del Anillo, la presunta red de prostitución en la Policía Nacional de Colombia.

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El juez subrayó que la Fiscalía no tuvo en cuenta elementos clave ni escuchó a las víctimas y familiares, quienes sostienen que existen pruebas suficientes para mantener activo el proceso.

Por ello, el ente investigador debe retomar el caso y clarificar tanto las circunstancias de la muerte, como la posible conexión con la red de favores sexuales dentro de la institución.

El cuerpo de la teniente fue hallado en la Escuela de Cadetes General Santander. Las primeras versiones oficiales sugirieron que se trataba de un presunto suicidio, posiblemente motivado por dificultades personales.

Sin embargo, la familia y su abogado, Jesús Vergara, rechazaron esta hipótesis, pues aseguraron que Zapata esperaba con ilusión su graduación y tenía proyectos en marcha.

Los análisis forenses citados por Semana indican que en la mano de la oficial no había rastros de pólvora, lo que contradice la hipótesis principal del suicidio.

Además, se identificaron lesiones que no coinciden con un disparo autoinfligido. Estas inconsistencias derivaron en la apertura de una línea de investigación por homicidio que no avanzó en más de veinte años.

La investigación estuvo afectada por diversas irregularidades. Los oficiales de la escuela inicialmente acudieron a un perito afín a la institución en lugar de informar a las autoridades judiciales. También se modificó el escenario donde ocurrió la muerte y se movieron objetos personales de la oficial, lo que dificultó la recolección de pruebas objetivas.

Durante el proceso, Semana recogió documentos y testimonios que relacionan el caso con la Comunidad del Anillo. De acuerdo con varias fuentes, esta red ofrecía servicios sexuales de cadetes a otros oficiales y congresistas mediante catálogos fotográficos, a cambio de dinero y favores.

El escándalo terminó en la condena de dos coroneles implicados en la red, aunque la muerte de Zapata sigue sin esclarecerse y no existen responsables judiciales por ese posible homicidio.

La familia de la teniente y su representante legal han insistido reiteradamente en la existencia de irregularidades y en la ausencia de respuestas claras. “Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”, afirmó Vergara al medio mencionado antes de la última audiencia.

El caso de Lina Maritza Zapata se ha convertido en un símbolo de impunidad para su familia y para amplios sectores de la opinión pública. La oficial, nacida en Marsella, Risaralda, fue la única mujer de su región en ingresar a la Policía y esto refuerza el llamado de sus allegados a esclarecer los hechos.

Desde la representación de las víctimas se argumenta que el conjunto de pruebas apunta a patrones repetidos de violencia y encubrimiento institucional, lo que, en su opinión, podría constituir un signo de prácticas sistemáticas dentro de la Policía Nacional

Estos fueron los argumentos del Juzgado 58 Penal del Circuito de Bogotá

• Insuficiencia en el agotamiento de hipótesis: el juez consideró que la Fiscalía no exploró de manera suficiente otras hipótesis distintas a la del suicidio, que había sido la base para solicitar la preclusión del caso.
• Falta de solidez probatoria en la hipótesis del suicidio: el despacho judicial concluyó que la tesis central de la Fiscalía, que apuntaba a un suicidio motivado por una ruptura sentimental, no tenía la solidez probatoria necesaria y presentaba inconsistencias temporales y contextuales.

• Debilidad del móvil sentimental: el juez descartó que la expareja sentimental de la cadete, identificada como “el gordo”, fuera el móvil exclusivo del fallecimiento, ya que la ruptura había ocurrido meses antes y no constituía un detonante inmediato.
• Elementos adicionales que no fueron valorados: el testimonio que señalaba un posible vínculo afectivo con otro cadete (“Cifuentes”) introducía un elemento adicional que debilitaba la idea de un desenlace motivado únicamente por la ruptura sentimental.
• Dudas sobre la carta suicida: el fallo judicial resaltó que la supuesta carta suicida atribuida a la cadete fue puesta en duda por una testigo relevante, quien afirmó no reconocer la autoría y describió a Lina Zapata en un contexto personal marcado por expectativas institucionales y apertura a nuevas relaciones, no por un cuadro depresivo.
• Crítica a las omisiones investigativas: el juez señaló que la Fiscalía no realizó esfuerzos suficientes para investigar otras hipótesis ni para verificar otros posibles hechos penalmente relevantes. Destacó la falta de análisis de huellas y rastros en el arma y el sable, así como la ausencia de actos de reconstrucción que permitieran establecer con precisión los hechos previos a la muerte.
• Posible alteración de la escena: la decisión judicial remarcó la necesidad de agotar actos básicos de esclarecimiento y preservación, teniendo en cuenta la complejidad del caso y la hipótesis de una posible alteración de la escena del crimen.
• Implicaciones procesales inmediatas: el juez ordenó a la Fiscalía continuar con la investigación y advirtió sobre la inminencia de la prescripción del caso, salvo que se logre que la investigación sea declarada imprescriptible por su posible carácter de crimen de lesa humanidad.