Gobierno Petro aprovechó la emergencia económica para cobrar otros dos nuevos impuestos a las empresas: “Deudas que no corresponden”

El Gobierno de Gustavo Petro estableció, por medio del Decreto Legislativo 044 de 2026 y dentro de la emergencia económica, dos nuevos impuestos a generadoras de energía eléctrica. Las medidas incluyen una contribución parafiscal de energía del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos, dirigida a fortalecer el Fondo Empresarial, y una contraprestación en especie equivalente al 12% de la energía comercializada en el Mercado de Energía Mayorista, orientada a garantizar la operación de empresas intervenidas.

Por un lado, la primera de las cargas corresponde a una contribución parafiscal obligatoria para las empresas generadoras. El valor se calcula sobre la utilidad antes de impuestos registrada el año anterior.

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Según el Decreto 044 de 2026, en situaciones de actividades mixtas, “la base gravable corresponderá exclusivamente a la utilidad atribuible a la actividad de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la actividad de generación”. Los recursos se destinan al fortalecimiento del Fondo Empresarial gestionado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Mientras que el segundo tributo impone a las empresas de generación hidráulica participantes en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado la obligación de entregar, como contraprestación en especie, un 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa. Esa energía está reservada para asegurar la continuidad del servicio en empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El aporte se liquida mensualmente y se distribuye proporcionalmente entre las compañías bajo administración.

Crisis en la región Caribe

El Gobierno justifica las medidas al alegar que la región Caribe enfrenta una crisis grave en la prestación del servicio eléctrico, debido a la fragilidad financiera de varios operadores y la necesidad de intervenciones administrativas. La normativa señala que este escenario pone en riesgo la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro de energía a los usuarios.

Dentro de las cifras se tiene que la contribución parafiscal debería aportar alrededor de $300.000 millones al Fondo Empresarial. El monto se suma a las deudas reconocidas por $1,2 billones entre generadores térmicos y la intervenida Air-e, además de otros $500.000 millones en obligaciones dentro de la cadena de suministro energético.

Asimismo, el decreto establece que para las generadoras hidráulicas, el aporte en energía viene acompañado de un descuento en el impuesto de renta. Sin embargo, desde organizaciones gremiales como la Asociación Nacional de Empresas Generadora (Andeg) se argumenta que la estructura no ofrece una solución de fondo a los problemas financieros de empresas como Air-e, que permanece intervenida desde hace más de 17 meses en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Legalidad e impacto económico de los nuevos impuestos

Precisamente, el presidente del gremio, Alejandro Castañeda, criticó la legalidad y el impacto económico de los nuevos impuestos. “El Decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden”, afirmó.

De igual manera, advirtió que “en el caso de las plantas térmicas, estas medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país”.

La postura refleja la inquietud de parte del sector sobre el efecto inmediato y a largo plazo de los nuevos impuestos, tanto en la sostenibilidad del mercado como en la confianza de los inversionistas. El gremio sostiene que gravar utilidades ya comprometidas y transferir parte de la carga del déficit financiero a los generadores afecta la suficiencia financiera de las empresas y debilita la seguridad jurídica.

Contraprestación energética

Referente a la contraprestación energética del 12% de energía vendida, representantes del sector advierten que los cruces de cuentas y la distribución entre empresas intervenidas distorsionan el funcionamiento operativo y no abordan el origen de la crisis. Castañeda recalcó que “estas medidas agravan el riesgo sistémico”, y alertó sobre posibles afectaciones para la continuidad del servicio en el país, sobre todo ante escenarios de alta demanda o bajas reservas hidroeléctricas.

Ante esto, Andeg solicitó a la Corte Constitucional una revisión de urgencia del Decreto 1390 de 2025, que proclamó la emergencia económica, y del Decreto 044 de 2026, por las implicaciones estructurales que podrían afectar la sostenibilidad del sector eléctrico y la confianza en su marco normativo.

Una forma de expropiación

Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), que preside Natalia Gutiérrez, manifestó que estas decisiones hacen más difícil conseguir financiación, desincentivan nuevas inversiones, vulneran tratados internacionales y pueden llegar a considerarse como una forma de expropiación.

En un comunicado, el gremio remarcó que durante los últimos 30 años, las empresas generadoras invirtieron más de $140 billones para garantizar que los colombianos cuenten con energía confiable. Además, el país necesita invertir entre $10 y $13 billones cada año para asegurar el suministro de energía en el futuro.

Cambio de reglas

“Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a -3,5 % en 2027″, apuntó. Según el mismo, si no se construyen nuevas plantas, el sistema eléctrico se debilita y aumenta el riesgo de problemas en el suministro en los próximos años, lo que afecta no al sector y a los hogares, las empresas y la competitividad del país.

La situación de la Costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas; en ese sentido, Acolgen hizo un llamado respetuoso al Gobierno nacional para reconsiderar estas decisiones y encauzar los retos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica.