Funcionarios del tránsito en Girón, Santander, serán investigados por irregularidades en la imposición de comparendos

El escándalo por presuntas irregularidades en la imposición y gestión de comparendos en el municipio de Girón, Santander, ha puesto en la mira a funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte local.

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para esclarecer los hechos, después de que la Procuraduría Provincial de Bucaramanga recibiera una denuncia formal.

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El detonante fue la publicación de un video en redes sociales por parte del exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra. El material expone la existencia de casi 800 comparendos expedidos hasta diciembre, de los cuales, según la denuncia, una parte considerable habría sido procesada mediante procedimientos irregulares.

En las imágenes, Carlos Parra confronta a Deyvy Blanco Cristancho, agente de tránsito de Girón, a quien señala por instruir a ciudadanos sobre cómo pagar las multas a través de un mecanismo supuestamente ilegal.

El exconcejal cuestiona el posible conflicto de intereses, dado que el funcionario se presentaría como propietario del Instituto de Seguridad Vial, entidad que, según Parra, promete la reducción de hasta 50% en el valor de los comparendos.

La denuncia se agrava con la acusación de que la gestión de estas reducciones estaría vinculada a un negocio familiar.

En un segundo video, Parra confronta a Diego Cristancho Blanco, hermano del agente, quien presuntamente dirigiría la empresa encargada de tramitar la anulación de multas mediante la venta de cursos. El exconcejal plantea: “Por un lado multan a la gente y, por el otro, ofrecen bajar las multas. ¿Eso no constituye un conflicto de intereses?”, se escucha en el video difundido en redes sociales.

Las pruebas que sustentan estas declaraciones incluyen conversaciones de WhatsApp, exhibidas públicamente, que ahora son objeto de análisis por parte de los organismos de control disciplinario.

La Procuraduría busca determinar si existió algún beneficio personal o familiar a costa de los ciudadanos sancionados.

Mientras las autoridades realizan las pesquisas, la comunidad de Girón permanece atenta a los avances del caso, que ha generado preocupación sobre la transparencia en la aplicación de las normas de tránsito y el manejo de las infracciones.

Abren investigación disciplinaria contra agente de tránsito que habría recibido soborno de un motociclista en Atlántico

Una investigación disciplinaria se encuentra en marcha en Soledad, Atlántico, luego de la difusión masiva de un video donde se observa a un agente de tránsito recibiendo dinero de un motociclista en la vía a Manuela Beltrán.

El hecho, registrado por un ciudadano y divulgado el sábado 17 de enero de 2026, exhibe al funcionario recostado sobre una motocicleta policial, mientras presuntamente acepta un billete del conductor.

El testigo no dudó en increpar con fuerza al agente, llamándolo “ladrón” y “corrupto”. Además, el ciudadano cuestionó la pasividad de un patrullero de la Policía que estaba presente y no intervino en el acto.

Según lo que se aprecia en el material, el motociclista habría entregado el dinero para evitar una multa por circular sin casco.

El testigo advirtió que haría público el video, lo que generó una amplia reacción en redes sociales y motivó que el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad (Imttrasol) tomara medidas inmediatas.

Santander Donado Ibáñez, director del Imttrasol, fue tajante al rechazar cualquier acto de corrupción en la entidad. En palabras del funcionario: “No permitiremos ningún acto de corrupción, ni la afectación a nuestros actores viales”, aseguró a los medios locales, subrayando el compromiso institucional con el cumplimiento de las normas y la movilidad sostenible.

La respuesta oficial incluyó la orden de apertura de una investigación formal por parte del jefe de Control Interno Disciplinario para esclarecer los hechos y definir responsabilidades de manera inmediata.

Las autoridades recordaron a la comunidad que dispone de varios canales para denunciar conductas irregulares de funcionarios públicos. Entre ellos: la oficina de Control Interno Disciplinario en el segundo piso del Centro Comercial Nuestro Atlántico, la Línea de Transparencia y el correo electrónico institucional.