La reciente escalada comercial entre Colombia y Ecuador ha sido calificada por expertos como un “partido de autogoles”, donde las medidas adoptadas por ambos gobiernos podrían terminar afectando principalmente a los ciudadanos.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que las decisiones adoptadas hasta ahora reflejan retaliaciones contraproducentes y urgió a las autoridades a priorizar la vía institucional para evitar un impacto económico mayor.
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“La tensión entre Colombia y Ecuador ya parece un partido de autogoles: Ecuador sube 30% y se encarece sus propios insumos; Colombia responde con aranceles a 20 productos y aprieta la energía. Lo sensato es menos retaliación y más cabeza fría. El comercio es una cadena, y aquí la estamos jalando del eslabón equivocado. Y como siempre, quienes terminan pagando la cuenta son los ciudadanos”, escribió Lacouture en su cuenta de X.
La dirigente gremial agregó que “la salida más sensata y responsable es una vía institucional rápida: consultas inmediatas entre los gobiernos y, si Ecuador alega una situación excepcional, que la gestione dentro de los mecanismos de la CAN”, sugiriendo que el diálogo y los canales regionales son la mejor opción para evitar una escalada de consecuencias negativas.
La crisis comercial se intensificó luego de que el gobierno de Daniel Noboa aplicara un arancel del 30% a productos colombianos, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
La respuesta inmediata del Gobierno colombiano fue suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador y aplicar un gravamen equivalente del 30% a 20 productos ecuatorianos, medidas calificadas por las autoridades como proporcionales y transitorias.
El impacto económico es considerable. Colombia provee aproximadamente el 12% de la demanda eléctrica de Ecuador, y las exportaciones gravadas del país vecino suman cerca de USD 250 millones anuales.
El Ministerio de Minas y Energía explicó que la suspensión temporal de las transacciones de electricidad busca garantizar el abastecimiento interno frente a la variabilidad climática y la disminución proyectada de energía firme en el Sistema Interconectado Nacional.
El ministro Edwin Palma sostuvo que la medida es flexible y podrá ajustarse según las condiciones climáticas y energéticas.
“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, afirmó Palma según El Colombiano.
En el ámbito comercial, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, indicó que el gravamen del 30% se aplicará inicialmente a 20 productos ecuatorianos, incluyendo alimentos y materias primas de gran valor para el mercado colombiano: grasas y aceites vegetales (USD 102 millones), conservas de atún (USD 97 millones), tableros de madera (USD 75 millones) y camarón (USD 63 millones), además de minerales, metales, plásticos, cereales, papel, cartón y aparatos eléctricos.
Morales recalcó que la medida “no constituye una sanción ni una confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”.
Lacouture enfatizó que la escalada arancelaria refleja un problema de coordinación y recordó que el comercio funciona como una cadena, donde cualquier ruptura genera efectos negativos en los eslabones menos protegidos: los ciudadanos.
El gobierno colombiano expresó su rechazo a la medida ecuatoriana, considerándola contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN). Entre 2023 y 2025, la cooperación binacional produjo un aumento del 36,7% en las incautaciones de clorhidrato de cocaína en municipios fronterizos, alcanzando 195.862 kilogramos en 2025.
Además, se realizaron 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones y 25 capturas judiciales, y Colombia capacitó a 3.891 policías ecuatorianos en lucha antidrogas.
No obstante, el presidente Noboa insistió en que el arancel busca exigir reciprocidad y acciones firmes de Colombia contra el narcotráfico y la minería ilegal. “El gravamen se mantendrá hasta que exista un compromiso real de cooperación fronteriza”, señaló en redes sociales.
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