Ministro de Petro dejó plantados a 32 alcaldes de Nariño: anunciaron acciones legales contra el Gobierno

El incumplimiento de altos funcionarios en una reunión clave desencadenó la indignación de los alcaldes de Nariño, quienes advierten sobre graves riesgos para la inversión social y la operatividad de los municipios por la reducción de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del Gobierno Nacional.

Un total de 32 alcaldes de la región se quedaron el martes 20 de enero a la espera del ministro de Hacienda Germán Ávila y de la directora del Departamento Nacional de Planeación Natalia Irene Molina en Bogotá. No recibieron explicaciones ni respuestas acerca de los recortes presupuestales.

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“Nos dejaron con los crespos hechos, nos quedaron mal”, expresó Amílcar Pantoja, alcalde de Ipiales. Confirmó que la ausencia de los funcionarios dejó sin espacio para abordar la afectación a la planeación y ejecución de inversiones municipales.

Ante la falta de diálogo, los mandatarios anunciaron la decisión de avanzar con acciones legales. “Por esa razón declaramos que ante este incumplimiento vamos a proceder con las acciones legales que corresponden, para que le cumplan a toda nuestra gente”, agregó Pantoja. Exigió respeto a la gestión local.

La protesta tiene como fondo la reducción anunciada en las transferencias del SGP. Según Julio Insuasty, alcalde de Yacuanquer, la inquietud alcanza a otros alcaldes del país. Insuasty señaló que el recorte impuesto por el Gobierno Nacional implica una disminución directa en la inversión social. “Eso hace que la inversión social disminuya y ahora tengamos que hacer una reducción para incrementar el gasto de funcionamiento”, afirmó.

Además, los municipios enfrentan el riesgo de superar el límite del 80% de gasto de funcionamiento permitido, lo que restringe la capacidad de financiar proyectos y programas esenciales. Bajo estas condiciones, resultará inviable mantener el nivel actual de provisión de servicios.

La preocupación por el futuro de los programas sociales y servicios básicos es compartida por el alcalde de Gualmatán, Javier Hormaza. Indicó que, debido a la disminución de recursos, este año opera con un presupuesto inferior al del año anterior y prevé mayores dificultades de ajuste.

“Tenemos que ajustarnos, ya no vamos a poder trabajar de la misma manera… en este año estaríamos trabajando con un presupuesto inferior al del año anterior”, sostuvo el mandatario local.

El alcance del recorte es considerable. En un comunicado del 13 de enero, los alcaldes de Nariño precisaron que entre el 48 % y el 63 % de los recursos correspondientes a la última doceava parte de las transferencias del SGP para el año 2025 se verán reducidos. Este ajuste afecta directamente sectores como salud, educación, saneamiento básico y otros programas, poniendo en duda la prestación continua de los servicios a las comunidades.

“Resulta necesario activar de manera inmediata los mecanismos de coordinación nación – territorio, con el fin de analizar las causas, los impactos y alternativas frente a la reducción de los recursos del Sistema General de Participaciones y avanzar en las soluciones que permitan garantizar la equidad en la distribución de los recursos”, señala el comunicado conjunto.

Ante la falta de respuesta y el agravamiento de la crisis, los alcaldes convocaron a sus homólogos del país a una reunión el lunes 26 de enero en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Buscan hacer oír la voz de los municipios ante el Gobierno Nacional y exigir alternativas para evitar el desmantelamiento de proyectos fundamentales.

En su declaración conjunta, los alcaldes recalcan la urgencia de activar mecanismos efectivos de coordinación entre la Nación y los territorios. Su objetivo es encontrar soluciones al déficit de recursos y preservar la equidad en la distribución presupuestaria.

La decisión gubernamental representa un desafío importante para la viabilidad financiera de las entidades municipales y amenaza la capacidad de las administraciones locales para sostener sus compromisos diarios.

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