
El Gobierno de Abelardo de la Espriella canceló el Consulado de Colombia en Tijuana, una oficina creada durante la administración de Gustavo Petro que nunca abrió al público, pese a que el Estado pagó más de USD153.000 en salarios a su cónsul provisional y asumió compromisos por el alquiler de una sede sin funcionamiento. La decisión devuelve los trámites de unos 1.500 colombianos residentes en Tijuana y Baja California al Consulado de Colombia en Ciudad de México, situado a 2.700 kilómetros.
La dependencia había sido creada por el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. La norma también dispuso la apertura de oficinas consulares en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.
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Dos años después de aquel decreto, la oficina de Tijuana no contaba con una sede operativa ni prestaba servicios. Los requerimientos de los colombianos de la zona eran remitidos a la representación diplomática de Ciudad de México.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Omar Bula Escobar, trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación el 27 de agosto de 2026, según informó Caracol Radio. La actuación busca esclarecer las circunstancias de la contratación, los pagos efectuados y las obligaciones que quedaron pendientes tras la cancelación.
Andrés Hernández negó participación en apertura de consulados de Colombia en México

El excónsul de Colombia en Ciudad de México, Andrés Hernández, aseguró que no intervino en las gestiones para abrir nuevas oficinas consulares en México y afirmó que se opuso a algunos de esos proyectos porque, según su criterio, no eran necesarios. La aclaración fue divulgada en un comunicado en el que sostuvo que el Consulado de Colombia en Ciudad de México tenía cobertura sobre 20 de los 32 estados mexicanos.
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Hernández indicó en un comunicado que durante su gestión la oficina atendía las regiones que integraban su circunscripción y prestaba servicios a la comunidad colombiana. Por esa razón, cuestionó la conveniencia de crear ciertos consulados promovidos desde la Embajada de Colombia en México.
El exfuncionario afirmó que rechazó recibir en las cuentas del Consulado recursos destinados a la apertura de esas sedes y que pidió devolverlos a la Cancillería de Colombia. Según su versión, la Embajada era la entidad que adelantaba las actuaciones relacionadas con la creación de las nuevas oficinas.

“No acepté limitar mi participación a firmar documentos y disponer de los recursos para ejecutar decisiones que no compartía”, expuso Hernández. En el texto, agregó que su negativa llevó al reintegro de los dineros al Ministerio de Relaciones Exteriores.
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También sostuvo que la Embajada asumió de manera directa las gestiones de apertura. En ese contexto, señaló que se realizaron pagos por comisiones a funcionarios de carrera encargados de trámites vinculados con el proceso. Esa afirmación corresponde a la versión expuesta por Hernández en su pronunciamiento.
El exdelegado cuestionó además que algunos funcionarios adscritos a la Embajada, a quienes identificó como secretarios de relaciones exteriores, se presentaran como cónsules. A su juicio, ese hecho habría supuesto una extralimitación de funciones. El comunicado no incluye una respuesta de la Embajada ni de la Cancillería frente a esos señalamientos.
El exfuncionario destacó la atención en 20 estados mexicanos

Hernández defendió la cobertura que, dijo, ofreció el Consulado de Colombia en Ciudad de México durante su administración. Reiteró que la circunscripción de la sede comprendía 20 de los 32 estados de México, por lo que consideraba que podía atender las necesidades consulares en buena parte del país.
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Como ejemplo de esa labor, citó una jornada de consulado móvil realizada en Tijuana en marzo de 2025. De acuerdo con su relato, durante esa visita se hicieron trámites para ciudadanos colombianos y se adelantaron gestiones ante autoridades locales junto con la representante de asociaciones de connacionales.
El exdiplomático indicó que la actividad se desarrolló pese a condiciones climáticas adversas. Su pronunciamiento concluye con la reiteración de que no participó en la apertura de los consulados propuestos por la Embajada y que expresó su desacuerdo con algunas de esas iniciativas por la capacidad de atención que atribuía al Consulado en Ciudad de México.
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