La Contraloría General de la República desmintió el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al advertir la existencia de retrasos, costos irregulares y riesgos fiscales.
En un análisis conocido el 20 de enero de 2026, la entidad de control fiscal señaló que persisten riesgos para la continuidad del servicio, posibles sobrecostos y un impacto negativo en el presupuesto nacional, contradiciendo las afirmaciones oficiales sobre la inexistencia de atrasos o problemas financieros.
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La Contraloría, en ejercicio de su función de vigilancia y control, advirtió que evidenció tanto el incumplimiento de los términos establecidos como reiterados cambios en los cronogramas de implementación del modelo de expedición de pasaportes, según documentación interna y análisis de los cronogramas entregados por la entidad responsable.
Entre los hallazgos, se detectó la prórroga sucesiva de actividades y el vencimiento de plazos sin cumplimiento, lo que representa un factor de riesgo para el desarrollo de fases subsiguientes, especialmente en tareas que son requisito para avanzar en el proyecto.
De acuerdo con la entidad de control fiscal, los riesgos identificados incluyen la falta de estimación completa de los costos, el incremento de los gastos operativos y la exposición al riesgo cambiario, que podrían afectar las fuentes de financiación y la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Frmre).
Además, la alertó sobre el uso de mecanismos transitorios y contratos temporales para garantizar la continuidad del servicio, lo que evidencia, a su juicio, una gestión insuficiente y pone en entredicho el cumplimiento de los fines esenciales del proyecto.
La Contraloría sustentó sus afirmaciones en el análisis de los radicados y cronogramas oficiales, donde se constata el desapego a los términos y fechas originalmente previstos, así como la falta de oportunidad en las acciones requeridas para la implementación y sostenibilidad del modelo.
El ente de control hizo especial énfasis en que su advertencia se fundamenta en un ejercicio preventivo y concomitante de control fiscal, cuya finalidad es alertar oportunamente sobre eventos o riesgos que puedan derivar en la pérdida de recursos públicos o afectar bienes e intereses patrimoniales del Estado.
En comunicación dirigida a Rosa Yolanda Villavicencio Mary, ministra de Relaciones Exteriores, la Contraloría reiteró que no es jurídicamente acertado afirmar que no existen retrasos ni riesgos financieros y operativos, ya que existen riesgos concretos, verificables y en curso, advertidos y documentados formalmente tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia (INC).
Según la Contraloría, la incertidumbre y los riesgos financieros acompañan el nuevo modelo de suministro de pasaportes debido a la falta de estimaciones claras y el incumplimiento de plazos del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025.
La respuesta se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitiera un pronunciamiento respecto a las advertencias formuladas desde un inicio por el órgano de control fiscal sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes, un esquema cuya entrada en funcionamiento está prevista para los próximos meses.
En esa comunicación, la Cancillería aseguró que el proceso “avanza de manera continua y sin contratiempos”, en cumplimiento de los acuerdos y cronogramas definidos entre las entidades involucradas.
Frente a las observaciones de la Contraloría, la ministra Rosa Yolanda Villavicencio Mary optó por remitir un memorando a la Gerencia de la INC solicitando considerar las recomendaciones presentadas en el informe de vigilancia fiscal, con el propósito de garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente.
La Cancillería explicó que el convenio de cooperación internacional fue diseñado para asegurar la continuidad en la expedición de pasaportes y permitir una transición ordenada entre el modelo actual y el nuevo esquema. Según ese despacho, el acuerdo otorga respaldo institucional para prevenir interrupciones en la prestación del servicio y mantener la atención a los usuarios tanto en el país como en los consulados en el exterior.
“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público”, indicó la entidad. También precisó que, durante los últimos dos años, las tarifas para la expedición de pasaportes no han presentado incrementos.
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