Así quedará el salario de los congresistas tras ser eliminada la prima especial

El Gobierno nacional suprimió mediante decreto la prima especial de servicios que recibían los congresistas, recortando en $16,9 millones su salario mensual a partir del 20 de julio de 2026.

Con esta medida, justificada en razones fiscales y de equidad, el salario bruto mensual de los legisladores quedará en $34,6 millones, compuesto únicamente por el sueldo básico y los gastos de representación.

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Según el texto oficial divulgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta decisión responde a la necesidad de ajustar el régimen remuneratorio legislativo para atenuar la brecha frente al ingreso promedio de la población y garantizar sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con el decreto, la eliminación de la prima especial creada en 2013 supone que el ingreso mensual actual de alrededor de $51,5 millones se reducirá considerablemente.

Al descontar la prima, el salario se compone de un sueldo básico de $12,5 millones y $22,1 millones en gastos de representación. El documento señala textualmente que la remuneración de los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Las repercusiones no solo afectan a la estructura salarial. El ajuste fiscal se aplicará exclusivamente para los congresistas que inicien su periodo tras las elecciones de marzo de 2026 y se posesionen el 20 de julio de ese año.

Conforme establece el Decreto 003 de 2026, la norma deroga el Decreto 2170 de 2013, al considerar que su vigencia actual no es compatible con el marco fiscal ni con los principios constitucionales en materia de racionalidad del gasto.

Tal como explicó el Ejecutivo, “se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”.

La determinación ha reavivado el debate sobre la magnitud de la remuneración de los legisladores. Hoy, tras los descuentos legales —que rondan los $18,6 millones— un congresista recibe un ingreso neto promedio de $32 millones.

El Gobierno advirtió que la supresión de la prima especial impactará tanto en las percepciones como en los descuentos por salud, pensión y retención en la fuente, ajustando proporcionalmente el salario neto. Aunque la medida no afecta a los actuales congresistas, su anuncio en un contexto preelectoral y después de años de discusiones en el Congreso le ha conferido una alta carga simbólica.

Voces como la de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, celebraron la medida. Lozano destacó en Recap Blu que la reducción responde a criterios de “equidad” más que a simples cálculos fiscales: “Después de 18 proyectos, muchos años de lucha y 11,6 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, por fin se logró bajar el salario de los congresistas. Esto no es un favor, es una medida mínima de equidad con los ciudadanos que son nuestros jefes”.

El impacto no ha estado exento de cuestionamientos políticos. Desde la oposición, el senador Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, definió la medida como “populista en época electoral” y cuestionó la comparación con otras altas remuneraciones del Estado. Según expresó en diálogo con La W Radio: “¿Le parece que es excesivo que un congresista que tiene tantas responsabilidades finalmente reciba un neto de $32 millones? Si eso le parece excesivo, entonces busquemos cuánto se gana el presidente de Ecopetrol, cuánto se gana el presidente de la Fiduciaria, cuánto se gana el presidente de Colpensiones, cuánto se ganan muchos altos funcionarios. Me parece inocuo entrar en estas disposiciones. Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”.

Se trata de uno de los recortes salariales más emblemáticos del Legislativo colombiano. Antes de la aplicación del decreto, el esquema remunerativo incluía la mencionada prima especial de servicios de $16,9 millones, que operaba junto a la prima semestral y era definida por la administración de Juan Manuel Santos en 2013 para reemplazar otras primas asociadas a localización, vivienda y servicios de salud.

El decreto se ampara también en el precedente constitucional fijado por la Sentencia CA-08 de 2021 de la Corte Constitucional, que aclaró los límites de las restricciones sobre derechos laborales de los funcionarios públicos. Según el fallo citado: “La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos”.

A pesar de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anticipó la eliminación de la prima para el 20 de julio “sin excusas”, algunos integrantes del Congreso solicitaron que se implementara de inmediato.

Lozano preguntó públicamente a través de X: “¿Cómo se explica postergar hasta julio una medida que ya fue anunciada?”. La legisladora aclaró en reciente entrevista que la decisión de esperar a la renovación del Congreso obedece a criterios jurídicos destinados a evitar demandas por derechos adquiridos de los actuales congresistas.

Con esta reducción, el ingreso de los nuevos legisladores quedará sujeto al ajuste salarial anual, que habitualmente se calcula según el promedio del incremento de los servidores públicos entre abril y diciembre.

El decreto, vigente tras su publicación, deja sin efecto toda norma que se le oponga y, según el Gobierno, representa un paso hacia estándares de equidad en el sector público.