La Procuraduría General de la Nación ratificó la inhabilidad por 16 años para ejercer cargos públicos al capitán de fragata Conrado Andrés Jiménez Montealagre, que ocupaba un cargo en la Armada Nacional.
El oficial fue sancionado después de que se confirmara su responsabilidad en un caso de acoso sexual contra una practicante de medicina.
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Los hechos ocurrieron cuando Jiménez Montealagre actuaba como médico otorrinolaringólogo y docente en el Hospital Militar Central durante el año 2023.
Según el fallo, el capitán “vulneró gravemente los deberes de respeto, corrección, dignidad y probidad que gobiernan el ejercicio de la función pública, al desplegar conductas de contenido sexual no consentido frente a una médica residente en proceso de formación”.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 había emitido inicialmente la sanción el 31 de julio de 2025, responsabilizando disciplinariamente al oficial por acoso sexual. Posteriormente, tras la apelación interpuesta por la defensa, la Sala Disciplinaria ordinaria de Juzgamiento revisó nuevamente el expediente y, con enfoque de género en el análisis del material probatorio, ratificó la decisión adoptada en primera instancia.
“Inicialmente, el oficial de la Armada Nacional fue hallado responsable de haber acosado sexualmente a una practicante de medicina cuando se encontraba en comisión en el Hospital Militar Central como médico otorrinolaringólogo, en el año 2023, sanción proferida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 el 31 de julio del 2025″, señaló el comunicado del Ministerio Público.
La Procuraduría fundamentó la sanción en la necesidad de evitar la repetición de este tipo de conductas, reforzar el compromiso institucional frente a la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia sexual y garantizar la debida diligencia que corresponde al Estado colombiano en casos de esta naturaleza.
El proceso disciplinario se llevó a cabo aplicando criterios ajustados a la legislación vigente y considerando la protección de los derechos de las víctimas.
“La sanción impuesta responde, entonces, a la necesidad de prevenir la reiteración de este tipo de comportamientos, reafirmar el compromiso institucional con la tolerancia cero frente a la violencia sexual y cumplir los deberes reforzados de debida diligencia que pesan sobre el Estado colombiano en estos escenarios. La conducta fue calificada como falta gravísima a título de dolo”, aseveró la procuraduría.
Condena en Colombia por acoso sexual
Las condenas por acoso sexual en Colombia han experimentado cambios recientes tras la aprobación de nuevas normas orientadas a la protección de las víctimas y a la sanción efectiva de los agresores.
Según la Ley 2365 de 2024, el acoso sexual se define como cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de naturaleza sexual, manifestado por dinámicas de poder tanto verticales como horizontales. Esta ley aplica en ámbitos laborales y educativos, estableciendo obligaciones claras para empleadores e instituciones educativas al momento de prevenir, investigar y sancionar estos comportamientos.
El Decreto 405 de 2025, que reglamenta la Ley 2365, prohíbe que las personas que denuncien acoso sexual sean despedidas o destituidas durante los seis meses posteriores a la presentación de la queja. En caso de incumplimiento, los despidos carecen de efecto jurídico y pueden derivar en sanciones económicas para los empleadores.
En el ámbito judicial, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido lineamientos específicos para garantizar la investigación exhaustiva y la protección de las víctimas.
En la Sentencia T-262 de 2025, la Corte ordenó reabrir una investigación archivada, indicando que los Comités de Convivencia Laboral deben valorar con rigor todas las pruebas y testimonios. La Sentencia T-104 de 2025 reitera la obligación de promover ambientes laborales libres de violencia y discriminación, y subraya la importancia de actuar con celeridad ante cualquier denuncia.
Las penas por acoso sexual pueden incluir sanciones de tipo disciplinario, despido con justa causa y multas económicas, además de las consecuencias penales establecidas en el Código Penal colombiano. El Estado colombiano mantiene canales de denuncia y seguimiento tanto en la Procuraduría General de la Nación como en la Fiscalía General de la Nación.
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