El Consejo de Estado respondió a las solicitudes de aclaración y adición presentadas tras la sentencia que anuló la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia y precisó que el fallo no contiene órdenes implícitas ni se extiende a actos administrativos distintos a los analizados en el proceso, limitando sus efectos a lo expresamente resuelto en la parte resolutiva de la decisión judicial.
La determinación fue adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo mediante un auto de única instancia del 11 de diciembre de 2025, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya. En este pronunciamiento, el alto tribunal resolvió las solicitudes elevadas por algunos demandantes del proceso de nulidad electoral y por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales buscaban que se precisaran los efectos temporales de la nulidad declarada y el impacto del fallo sobre la situación del cargo de rector.
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El Consejo de Estado reiteró que su competencia se circunscribió al control de legalidad del acto administrativo que formalizó la elección de Leopoldo Múnera para el periodo 2024-2027 y que, por tanto, no era procedente emitir pronunciamientos adicionales sobre actos previos o distintos a los demandados en ese expediente. Con ello, la Sala descartó interpretaciones que pretendían derivar consecuencias no expresamente previstas en la sentencia del 20 de noviembre de 2025.
Alcance de la nulidad y límites del pronunciamiento judicial
En su análisis, la Sección Quinta precisó que el litigio se centró exclusivamente en la legalidad del acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior Universitario eligió a Leopoldo Múnera como rector, y en los actos que sirvieron de fundamento para esa designación, particularmente la Resolución 067 y la Resolución 068 del 6 de junio de 2024.
El alto tribunal recordó que la nulidad fue declarada por infracción de norma superior y por falta de competencia del Consejo Superior Universitario, al haberse agotado previamente la facultad electoral con la designación realizada el 21 de marzo de 2024. Sin embargo, subrayó que el control judicial ejercido no abarcó actuaciones administrativas previas ni actos electorales distintos al demandado en este proceso.
En ese sentido, el auto señala de manera expresa que “no correspondía a la Sala, al momento de fallar el presente asunto, proferir un pronunciamiento respecto de los efectos de la elección del señor José Ismael Peña Reyes”, dado que dicho acto administrativo no fue objeto de análisis en este expediente y fue revisado en un proceso judicial diferente.
Asimismo, la Sala descartó la aplicación de sentencias de unificación citadas por los solicitantes, al considerar que estas se referían a causales de nulidad distintas o a elecciones por voto popular, supuestos que no coincidían con el caso concreto examinado.
Efectos institucionales de la decisión
Con la negativa a aclarar o adicionar la sentencia, el Consejo de Estado dejó en firme el alcance del fallo del 20 de noviembre de 2025 y reiteró que su ejecución se limita a la nulidad del acto que eligió a Leopoldo Múnera como rector, sin impartir instrucciones adicionales sobre la provisión del cargo.
Cabe aclarar que el alto tribunal no ordenó la realización de una nueva elección, no dispuso la designación automática de un rector distinto, ni definió el mecanismo que deba adoptarse para cubrir la rectoría. Sin embargo, la decisión judicial tampoco estableció una prohibición para que la Universidad Nacional adopte medidas administrativas posteriores, siempre que estas se ajusten a su régimen normativo y a las competencias del Consejo Superior Universitario.
En la parte resolutiva del auto, la Sección Quinta dispuso “NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 20 de noviembre del 2025” y “RECHAZAR la petición de aclaración elevada por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional”, cerrando así el debate jurídico sobre el alcance del fallo.
De esta manera, el Consejo de Estado delimitó con precisión los efectos de su decisión y dejó claro que cualquier determinación posterior sobre la rectoría de la Universidad Nacional corresponde al ámbito administrativo de la institución, sin que exista una orden judicial expresa que imponga o descarte la convocatoria de una nueva elección.
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