Fiscalía imputará cargos al director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación anunció que el 11 de febrero de 2026 presentará en audiencia cargos contra Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en la protección del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en Bogotá en 2025.

Es la primera vez que un alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro deberá responder ante la justicia por el crimen de un miembro de la oposición. La investigación del ente acusador apunta a que Rodríguez habría ignorado reiteradas solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad de Uribe Turbay durante los meses previos al ataque.

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De acuerdo con la Fiscalía, existen comunicaciones y documentos que evidencian estas advertencias. Por estos hechos, el director de la UNP enfrentará cargos por tentativa de homicidio y prevaricato por omisión.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, donde un adolescente de 15 años le disparó con una pistola Glock 9 milímetros mientras el político participaba en un acto de campaña.

Las heridas recibidas, en la cabeza y una pierna, lo llevaron a permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde falleció el 11 de agosto. La muerte de Uribe Turbay generó un fuerte debate sobre la capacidad de la UNP para garantizar la seguridad de figuras expuestas, especialmente en contextos de alta polarización política.

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de la víctima, aseguró que “en más de 10 oportunidades se omitió ofrecerle protección” a Uribe Turbay. “El juez consideró que efectivamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, declaró Mosquera en su momento.

El llamado a imputación contra Augusto Rodríguez resulta relevante no solo por su cargo al frente de la UNP, sino también por su cercanía con el presidente Petro y su pasado en el movimiento M-19.

El proceso judicial se da en medio de una controversia nacional sobre las fallas en los esquemas de protección para candidatos y líderes políticos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha anunciado si solicitará medidas adicionales contra el funcionario durante la audiencia.

Voceros de la Fiscalía General de la Nación explicaron que la imputación surge tras la revisión de testimonios y documentos que reflejan una cadena de alertas ignoradas por la UNP.

UNP defendió su actuación

Augusto Rodríguez defendió la labor de la entidad. El funcionario aseguró que la UNP cumplió con todos los protocolos establecidos y responsabilizó a los integrantes del esquema de protección por las decisiones tomadas:

“Atacan al Gobierno; dicen que el presidente es responsable por haber polarizado. Dicen que la UNP no actuó como debería actuar, que hubo negligencia. Cuando la UNP —lo digo y afirmo— hizo todo lo que tenía que hacer: cumplió con su deber, cumplió con todos los protocolos, suministró las personas de protección con su armamento y los vehículos de modelos recientes. El mismo Miguel Uribe, y de pronto, en conversación con su jefe de esquema, llegaron a algunas decisiones que fueron un poco negativas”.

Sin embargo, tanto Víctor Mosquera como el Centro Democrático descartaron cualquier suficiencia de la protección ofrecida. Mosquera comentó a El Tiempo que durante 2025 se elevaron más de 23 solicitudes para reforzar la seguridad del senador y precandidato presidencial; la última se presentó el 5 de junio, dos días antes del ataque. “Simplemente recibía respuestas de copy y paste de todo lo que le habían contestado antes”, expresó el abogado.

El análisis hecho por la UNP en 2023 ya había clasificado el riesgo de Uribe Turbay como extraordinario. En 2024, añadió Mosquera, la protección no fue incrementada a pesar de la oficialización de su aspiración presidencial.

A este nivel de peligro se sumaban seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas y una cantidad creciente de agresiones en redes sociales, hecho que la Fiscalía señaló como uno de los móviles del crimen.