Persisten denuncias por presunto negocio familiar en la reducción de comparendos en el tránsito de Bucaramanga

Una denuncia pública sobre un posible conflicto de intereses en las oficinas de tránsito de Bucaramanga y su área metropolitana generó atención a nivel regional. El señalamiento fue realizado por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Felipe Parra, con el respaldo del congresista Cristian Avendaño, quienes alertaron sobre la presunta relación entre agentes de tránsito y una empresa privada dedicada a la reducción de comparendos mediante cursos pedagógicos.

Según la información divulgada, varios miembros de una misma familia estarían vinculados tanto a cargos públicos en tránsito como a una empresa privada, lo que, de acuerdo con la denuncia, podría afectar la imparcialidad en la imposición de sanciones a conductores.

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La denuncia sostiene que en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca existiría un entramado de relaciones familiares entre agentes de tránsito que operan en distintas dependencias del área metropolitana.

De acuerdo con Carlos Felipe Parra, cuatro hermanos y otros familiares trabajarían de manera simultánea en las principales oficinas de tránsito, lo que permitiría, según su versión, una conexión directa entre la imposición de comparendos y la posterior reducción de los mismos a través de una empresa privada.

El exconcejal advirtió que esta situación, de comprobarse, configuraría un conflicto de intereses, ya que los funcionarios públicos no deberían obtener beneficios derivados de las sanciones que imponen en ejercicio de sus funciones.

Agentes y oficinas de tránsito mencionadas en la denuncia

Entre los nombres señalados por Parra se encuentran:

• John Cristian (o John David) Cristancho Blanco, agente de tránsito en Girón, a quien se le atribuye la imposición de más de 800 comparendos. Según la denuncia, muchos de estos habrían sido por presuntas infracciones de estacionamiento y, en varios casos, sin una notificación adecuada a los conductores.
• Diego Cristancho Blanco, agente de tránsito en Piedecuesta y representante legal de la empresa Intraserial, entidad autorizada para dictar cursos de seguridad vial.
• Otros hermanos y familiares que, según el exconcejal, laboran en oficinas de tránsito de Bucaramanga y Floridablanca, lo que ampliaría el alcance del presunto esquema en toda el área metropolitana.

El rol de la empresa Intraserial

La empresa Intraserial es señalada en la denuncia como un actor clave. Su función oficial es dictar cursos pedagógicos de seguridad vial, los cuales permiten a los infractores acceder a una reducción del 50% en el valor de los comparendos, conforme a la normativa vigente.

No obstante, Parra aseguró que en la práctica se estaría ofreciendo a los ciudadanos una alternativa distinta a la establecida por la ley: el pago de 30 mil pesos para evitar la realización de dichos cursos.

Según la denuncia, esta dinámica habría generado una situación en la que los comparendos impuestos por agentes de tránsito en horas de la mañana serían reducidos posteriormente a través de una empresa vinculada a sus propios familiares, lo que implicaría un beneficio económico directo.

Presuntas irregularidades y afectación a conductores

El exconcejal afirmó que cientos de conductores podrían haber resultado afectados por comparendos presuntamente arbitrarios, principalmente relacionados con estacionamiento.

Además, mencionó la existencia de videos ciudadanos en los que se observaría a agentes imponiendo sanciones fuera de su jurisdicción y en horarios no laborales, hechos que, de confirmarse, podrían constituir irregularidades administrativas.

Denuncia de amenazas tras los señalamientos

Ante El Tiempo, Parra también denunció que, al intentar entrevistar a los agentes involucrados, fue víctima de intimidaciones verbales y amenazas de muerte por parte de un alférez de Girón.

De acuerdo con su relato, la situación requirió la intervención de la Policía, lo que refleja el nivel de tensión que rodea el caso y los riesgos asociados a las denuncias públicas.

Respuesta del agente de tránsito involucrado

Frente a las acusaciones, uno de los alféreces señalados entregó su versión al diario El Tiempo. En su declaración, aseguró que los más de 800 comparendos mencionados no corresponden a un periodo corto, sino a un tiempo amplio de trabajo, y afirmó que fueron impuestos conforme a la normatividad y dentro de los tiempos legales.

Sobre la empresa Intraserial, sostuvo que se trata de una compañía legalmente constituida en otro municipio, distinto a aquel donde ejerce como funcionario público, y negó que exista un conflicto de intereses entre su labor como agente de tránsito y la operación de la empresa.

El alférez también rechazó de manera categórica que se estén realizando cobros adicionales para evitar los cursos de seguridad vial, y afirmó que desde el 5 de diciembre los comparendos corresponden a otra empresa distinta.

Finalmente, indicó que él y su familia también han recibido amenazas de muerte, manifestando temor por su seguridad, mientras el caso continúa generando atención pública y solicitudes de esclarecimiento por parte de la ciudadanía.