La mañana del sábado 17 de enero de 2026 la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció que se suspenden los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en Bogotá, Cundinamarca, y en los municipios de San Juanito y Calvario (Meta), mediante la Resolución 00000248 de 2026.
La medida tiene efecto retroactivo desde las 00:00 (12:00 a. m.) horas del 1 de enero y se extenderá hasta las 24:00 (12:00 a. m.) horas del 31 de diciembre de 2026.
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La suspensión aplica tanto a personas naturales como jurídicas, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno, en Cundinamarca.
La brigada aclaró que la disposición no afecta los permisos otorgados a entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada, ni a misiones diplomáticas acreditadas en el país.
También se mantienen las excepciones establecidas en la Directiva 002 de 2026, entre las que figuran el personal activo y veteranos de la Fuerza Pública y los Profesionales Oficiales de la Reserva, entre otros casos previstos en la normativa vigente.
La denuncia pública que hizo en redes mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina: bases de datos de Indumil
Poco más de una semana atrás se conoció en redes sociales la denuncia pública que realizó el mayor en retiro de la Infantería de Marina Germán Rodríguez, y en la que volvió a dejar bajo escrutinio la gestión de las bases de datos de la empresa estatal Indumil, su impacto en la seguridad de ciudadanos y miembros de la fuerza pública.
La preocupación de Rodríguez, expuesta el 7 de enero de 2026, apunta a posibles filtraciones de información sensible que, según él, ya han tenido consecuencias directas: varias víctimas han sufrido robos o ataques dirigidos exclusivamente a obtener armas que previamente habían registrado formalmente ante la entidad.
El mayor (r) Rodríguez sostiene que existen antecedentes recientes durante el gobierno Petro, donde grupos armados ilegales como las Farc y el ELN habrían obtenido acceso indebido a los datos de portadores legales de armas, facilitando la identificación de objetivos para cometer delitos.
Uno de los episodios citados por Rodríguez se refiere al caso en el que cinco policías habrían sido secuestrados el día anterior a su denuncia, luego de que delincuentes los identificaran a través de sus cédulas de ciudadanía al término de su permiso de servicio, mientras viajaban en bus.
Esta situación, relatada por el mayor en retiro, es presentada como evidencia de que los ataques no son aleatorios, sino que existiría un patrón de acceso y uso de información estratégica para perpetrar delitos.
En su mensaje dirigido al director de Indumil, el coronel Juan Carlos Mazo, Rodríguez cuestionó la trazabilidad y los controles que existen sobre el acceso a los datos reservados de los portadores legales de armas.
El oficial en retiro planteó varios cuestionamientos al coronel Mazo: “¿Quién maneja la base de datos del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos? ¿Quién tiene acceso a los nombres, direcciones y tipos de armas? ¿Dónde están los controles, las auditorías y la trazabilidad de cada consulta? Esto es información reservada. Si alguien está fallando, es usted por su falta de control”.
Además se pidieron medidas inmediatas para fortalecer la seguridad informativa de la entidad.
La gravedad del escenario planteado se sostiene en testimonios concretos presentados por Rodríguez, como el de un miembro del Ejército Nacional que, tras registrar una escopeta en Indumil y actualizar la dirección de su residencia, fue objeto de un intento de robo en el que los agresores tenían como objetivo específico ese arma, aun cuando nunca la había mostrado ni usado.
“Están llegando a las casas delincuentes armados, preguntándole a la gente por el arma exacta que tienen legalmente. Esto no es coincidencia: es una presunta filtración de información”, explicó el mayor (r) Rodríguez.
Otro de los casos relatados por Rodríguez involucra a un policía que fue atacado y apuñalado mientras le exigían la pistola registrada a su nombre.
En el testimonio se añadió que esa arma llevaba años bajo su tenencia, pero fue después de acudir a Indumil para renovar la munición y actualizar su dirección que los atacantes la identificaron. Esto refuerza la hipótesis de una fuga de datos vinculada a los procesos administrativos en la empresa estatal.
Rodríguez también citó el robo ocurrido a un mayor activo del Ejército en Bogotá, donde los asaltantes irrumpieron en su domicilio con el único fin de apropiarse del arma.
De acuerdo con su relato, el oficial en retiro dijo: “Repito: no fue un hurto cualquiera, fueron directamente por el arma”.
La inquietud por la seguridad personal también quedó reflejada en la declaración de Rodríguez sobre los trámites ante Indumil: “¿Con qué seguridad vamos nosotros a Indumil a hacer cualquier trámite si lo primero que nos piden es actualizar nuestras direcciones?”.
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