Simpatizantes de la campaña Cepeda Presidente utilizaron una finca incautada con fines políticos: el candidato negó conocer sobre el evento

El episodio con Asoagro evidencia el reto para los administradores de inmuebles bajo resguardo oficial al enfrentar situaciones polémicas

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El evento realizado en el predio incautado encendió el debate sobre el cumplimiento de la normativa que restringe su uso, tras ser relacionado con actividades de campaña de Iván Cepeda y la difusión por grupos partidistas en redes sociales - crédito Europa Press
El evento realizado en el predio incautado encendió el debate sobre el cumplimiento de la normativa que restringe su uso, tras ser relacionado con actividades de campaña de Iván Cepeda y la difusión por grupos partidistas en redes sociales - crédito Europa Press

La utilización de la finca El Hatillo, un bien incautado y actualmente bajo control estatal, en una actividad vinculada a la campaña presidencial de Iván Cepeda en Baranoa, Atlántico, ha provocado cuestionamientos sobre las restricciones que rigen estos predios y la transparencia en su administración.

La denuncia, difundida por Semana, señala una posible infracción a la normativa que prohíbe que los bienes incautados sean empleados en actividades políticas.

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El evento se realizó el sábado 10 de enero del 2026, en un quiosco de palma ubicado dentro de la finca El Hatillo. La reunión reunió a decenas de personas y fue divulgada públicamente en las redes sociales del Pacto Histórico en Atlántico, como documentó Semana.

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En los materiales de promoción, se convocaba a la conformación del comité agrario de la campaña Iván presidente y los organizadores se identificaban como parte del equipo agrario del Pacto histórico. Esta difusión alimenta las dudas sobre el respeto a la restricción legal vigente.

La Asociación Agraria modificó su versión tras la evidencia de participación en el encuentro, argumentando que se trató de un debate sobre reformas agrarias y no de una actividad partidista vinculada al Pacto Histórico - crédito Luisa Gonzalez / Reuters
La Asociación Agraria modificó su versión tras la evidencia de participación en el encuentro, argumentando que se trató de un debate sobre reformas agrarias y no de una actividad partidista vinculada al Pacto Histórico - crédito Luisa Gonzalez / Reuters

La normativa prohíbe que los bienes incautados bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sean utilizados para actividades distintas a las productivas, restringiendo expresamente su uso proselitista. Estas disposiciones buscan garantizar que los recursos recuperados por el Estado no terminen involucrados en actos partidistas.

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El predio, identificado con matrícula inmobiliaria 040-16424, fue incautado al empresario Julio César Polanía, señalado por las autoridades de haber tenido presuntos vínculos con estructuras paramilitares y la banda criminal Los Costeños.

Tras su incautación, la gestión provisional pasó a la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), bajo la presidencia de Nelson Viloria Larios.

Consultado por Semana, Viloria Larios negó inicialmente que la actividad tuviera un propósito político. “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico”, declaró el representante de Asoagro. Al presentar la evidencia de la convocatoria y la mención de Iván Cepeda, matizó su explicación: “Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”.

La controvertida reunión en la finca El Hatillo reaviva el debate sobre los controles estatales y las implicaciones que conlleva el uso de bienes recuperados del delito en contextos de alta sensibilidad política y social - crédito Víctor Lerena / EFE
La controvertida reunión en la finca El Hatillo reaviva el debate sobre los controles estatales y las implicaciones que conlleva el uso de bienes recuperados del delito en contextos de alta sensibilidad política y social - crédito Víctor Lerena / EFE

El propio Iván Cepeda, candidato presidencial, declaró a Semana que no tenía conocimiento previo de la reunión ni autorizó el uso de su imagen. “Yo no tengo ningún conocimiento de esa reunión. En ese momento estaba en España”, sostuvo el candidato.

Cepeda aseguró que, de haber sabido con anticipación sobre el evento, lo habría impedido para evitar situaciones conflictivas. También destacó la obligación de las organizaciones administradoras de estos bienes de conocer y respetar las restricciones establecidas.

La controversia por el uso de la finca El Hatillo, según ha analizado Semana, subraya los desafíos que enfrenta la administración pública para asegurar el destino adecuado de los bienes incautados. El caso expone la necesidad de mayores controles para evitar que estos hechos se repitan en asociaciones similares a lo largo del país, advirtiendo sobre posibles consecuencias administrativas y políticas.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la carrera por la presidencia de la república de Colombia para el 2026 - crédito redes sociales
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La medición, que abarcó a 4.520 personas seleccionadas mediante el sistema digital aleatorio Atlas RDR, prevé escenarios en los que De la Espriella vencería a Cepeda en segunda vuelta con 44,2% frente a 34,9%, una diferencia de 9,3 puntos.

Otras proyecciones muestran a Sergio Fajardo alcanzando el 39,6% contra el 32,1% de Cepeda en una eventual competencia directa, mientras que la ventaja más amplia favorece a De la Espriella ante Fajardo con 37,9% frente a 23,2%.

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