
El Gobierno nacional oficializó una profunda transformación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la expedición de la Resolución 0003 del 7 de enero de 2026.
Los cambios no son menores. La resolución introduce ajustes en la forma en que se priorizan los beneficiarios, el tipo de alimentos que se entregan, las modalidades de atención, la participación de las comunidades y la contratación de los operadores.
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Todo esto, según el Ministerio de Educación, busca fortalecer el derecho a la alimentación adecuada y contribuir a la permanencia escolar.
Estos son los cambios más importantes en el PAE para 2026
Uno de los cambios centrales es el nuevo enfoque del programa. La resolución reconoce explícitamente la alimentación adecuada como un derecho humano y asigna al Estado la responsabilidad de proveer alimentos de alto valor nutricional a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Además, el programa se articula con otros derechos fundamentales, como el acceso a la educación y el derecho a un ambiente sano. En la práctica, esto significa que el PAE no solo busca combatir el hambre, sino también mejorar el bienestar, el aprendizaje y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas.

La nueva normativa establece con mayor claridad quiénes serán los beneficiarios y en qué orden se avanzará hacia la cobertura total. La prioridad absoluta la tendrán los niños y niñas de preescolar, quienes deberán ser atendidos en un 100 % en los grados de prejardín, jardín y transición.
En segundo lugar, el programa cubrirá a la totalidad de los estudiantes que se encuentren en jornada única. Luego se priorizarán las sedes educativas con mayor presencia de población indígena, afrocolombiana, raizal, palenquera, estudiantes con discapacidad y víctimas del conflicto armado.
Las zonas rurales, especialmente aquellas de difícil acceso, también tendrán prioridad. Solo después de cubrir estos grupos, el PAE avanzará progresivamente hacia los grados superiores y las áreas urbanas, con el objetivo de alcanzar la universalidad.
La resolución aclara que los jóvenes en extraedad y la población adulta solo serán atendidos cuando se logre la cobertura total de la educación regular.
Alimentación según la jornada y el territorio

Otro de los cambios clave tiene que ver con el tipo y la cantidad de alimentos que se entregan. El complemento alimentario deberá cubrir un porcentaje específico de las necesidades nutricionales diarias, dependiendo del nivel educativo y la jornada escolar.
Para estudiantes en jornada de mañana o tarde, el PAE cubrirá el 20% del requerimiento diario. En el caso del almuerzo, el aporte será del 30%. En preescolar, los porcentajes aumentan: 50% para jornadas de seis horas y 70% para jornadas de ocho horas.
En zonas rurales de difícil acceso y en jornada única, la modalidad será almuerzo. Además, la resolución promueve el uso de alimentos producidos localmente y adaptados a las tradiciones culturales de cada región, como parte de una apuesta por la soberanía alimentaria.
Menos alimentos industrializados y más comida preparada

La resolución también marca el inicio del desmontaje progresivo de la modalidad industrializada, que deberá desaparecer completamente en 2030. Las modalidades preferentes serán la preparación en sitio y la comida caliente transportada, consideradas más nutritivas y acordes con los hábitos alimentarios locales.
Durante los recesos escolares, se implementará la modalidad “Canasta PAE en casa”, que garantiza la continuidad del apoyo alimentario y cubre al menos el 25% del requerimiento nutricional diario. En situaciones excepcionales, se podrá entregar un bono alimentario equivalente.
La participación de la comunidad es otro de los pilares de la nueva resolución. Padres, madres y cuidadores tendrán un rol activo en la vigilancia y el control social del programa. Los estudiantes, por su parte, participarán formalmente en los Comités de Alimentación Escolar y podrán proponer mejoras.
En cuanto al personal manipulador de alimentos, la norma prohíbe su vinculación bajo esquemas voluntarios. Todos deberán contar con capacitación, derechos laborales y afiliación a la seguridad social, un cambio que busca dignificar su trabajo y mejorar la calidad del servicio.
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