El ministro del Interior, Armando Benedetti, retomó públicamente su denuncia sobre la intervención de su teléfono celular con el software Pegasus y la vinculó con los señalamientos realizados recientemente por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, que afirmó ser víctima de espionaje ilegal.
El funcionario recordó que su caso ya había sido expuesto con anterioridad y planteó nuevas preguntas sobre la posible participación de entidades estatales en el uso del programa.
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Las declaraciones fueron realizadas a través de la red social X, donde Benedetti reiteró que cuenta con confirmación técnica sobre la presencia de Pegasus en su dispositivo móvil. En su publicación, el ministro también señaló que, hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no lo ha contactado para solicitar las pruebas técnicas que respaldan su denuncia previa, pese a la gravedad de los hechos.
“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta a responder es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus. En mi caso, el técnico Milton Cuadros me confirmó que tengo Pegasus, y aún la Fiscalía no me ha preguntado por las pruebas técnicas”, escribió el ministro, al tiempo que etiquetó al periodista Julio Sánchez Cristo, en cuyo programa radial había hecho pública la situación en diciembre de 2025.
Estas declaraciones se suman al respaldo con Andrés Idárraga, luego de que este denunciara que su teléfono y el de miembros de su familia habrían sido infiltrados con el software Pegasus. El mensaje fue difundido en redes sociales, en el contexto de la publicación de un informe forense que, según Idárraga, confirmó el espionaje ilegal.
El ministro del Interior afirmó que él también estaría siendo víctima del uso del software y aseguró que mantiene sospechas sobre los responsables de la intervención. “Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. Yo solo tengo sospechas de quien me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, Idárraga Franco afirmó que la infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa y que estaría orientada a perseguir a funcionarios que adelantan investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, escribió el ministro de Justicia (e).
Según Idárraga, entre agosto y noviembre de 2025 se habrían extraído 2,3 gigas de información privada de su teléfono celular, incluidos archivos relacionados con denuncias de corrupción y datos de sus fuentes. El funcionario aseguró que el análisis técnico evidenció miles de accesos no autorizados al dispositivo.
“Se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”, indicó. Asimismo, afirmó que de manera paralela se estaría estructurando una campaña de desprestigio en su contra, por lo que informó que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El sábado 17 de enero, el Ministerio de Defensa negó que las entidades del sector utilicen o posean el software de espionaje Pegasus. En un comunicado oficial, la cartera aseguró que, tras inspecciones internas realizadas entre el 13 y el 15 de enero por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se concluyó que “ninguna entidad del sector defensa cuenta con Pegasus ni lo ha empleado para actividades de inteligencia o contrainteligencia
En relación con señalamientos contra el sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento, el Ministerio de Defensa precisó que el uniformado no desempeña funciones de inteligencia ni ha pertenecido a instancias encargadas de ese tipo de actividades.
También informó que se activó la articulación institucional con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para facilitar la información requerida en las investigaciones en curso.
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