Sindicato del Sena denunció que director general de la institución habría asumido la jefatura de campaña del Pacto Histórico: esto se sabe

El sindicato de empleados públicos del Sena (Sindesena) acusó a Jorge Londoño Ulloa, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de operar como “jefe de debate” del Pacto Histórico y de otros partidos, citando la Alianza Verde.

La organización sostuvo que, como consecuencia de estas actuaciones, contratistas amparados por el retén social en estado de vulnerabilidad corren riesgo de perder su vínculo con la entidad en 2026. Según detalla Sindesena en su comunicado, esta situación está ligada a una presunta complicidad desde la dirección general del organismo.

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Sindesena expone que en las regiones Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los responsables de ejecutar el gasto, ciertos coordinadores académicos y misionales, junto a delegados partidarios que fungen como testigos electorales, presionan a los funcionarios y contratistas en asuntos políticos. Según la denuncia, al solicitar documentos personales, estos funcionarios fiscalizan la filiación política, sin considerar la experiencia o el tiempo de servicio de los empleados.

En efecto, destaca que a los contratistas se les exige presentar “cuarenta votos verificables” para determinados partidos como condición para renovar o aprobar sus contratos de servicios para 2026.

El sindicato lo expresa de manera explícita en su comunicado: “En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos, más un representante de cada partido político, quienes ejercen la función de ‘testigos electorales’, están constriñendo al sufragante”, denunció el sindicato en un comunicado expuesto por Blu Radio.

Y agregó: “Al momento de requerirle los documentos, estos personajes nefastos le verifican la filiación política. Sin importar la experiencia, el conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución, lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026″.

La denuncia de Sindesena puntualiza que destacados contratistas habrían accedido a sus cargos por recomendación política, percibiendo ingresos superiores a los establecidos oficialmente en la tabla de honorarios. “Caso puntual: un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera, honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera, $2.900.000 y hasta $3.150.000, con el agravamiento de que este último es una corbata”, cita el documento.

El sindicato reportó que en algunos Centros de Formación Profesional han disminuido los honorarios para ciertos contratistas y anticipa una posible salida masiva de personal bajo protección social especial, situación que atribuye directamente a la dirección del Sena.

Denuncian presunta corrupción en procesos de contratación en el Sena

Una denuncia de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común puso en entredicho los mecanismos de transparencia en la contratación pública en Colombia, especialmente al señalar un patrón en la adjudicación de contratos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en varias regiones del país.

El informe advierte que este fenómeno no se restringe a las instancias locales, pues los mismos procedimientos se estarían replicando desde la propia Dirección General del Sena, lo que sugiere la existencia de esquemas de asignación opacos y recurrentes en distintos niveles institucionales.

Dentro de las alertas más graves, la Red de Veedurías reveló que en un proceso a nivel central del Sena, no se publicó el informe de evaluación antes de la audiencia de adjudicación y, además, se restringió la participación de terceros. Este hecho, descrito por la organización como realizado “a escondidas”, alimenta la preocupación sobre el posible favorecimiento reiterado a ciertos grupos empresariales.

En la regional Bolívar del Sena, la organización documentó una adjudicación superior a $31.000.000.000, en la que se habrían modificado los criterios de evaluación previstos originalmente en los pliegos. Según la denuncia, la entidad rechazó cuatro ofertas argumentando insuficiencia financiera, empleando un sistema de evaluación ponderado que no figuraba en las condiciones iniciales. El procedimiento indicado establecía que se debía sumar la capacidad financiera de los miembros de las uniones temporales, pero se aplicó otro criterio.

Como resultado, solo la Unión Temporal Prointer Zona 1, conformada por Interglobal Seguridad y Prossimo Security, ambas domiciliadas en la costa Caribe, quedó habilitada y recibió el contrato.

Situaciones similares fueron reportadas en la regional Casanare, donde cinco propuestas resultaron descartadas por razones afines. Ahí, Interglobal Seguridad y Prossimo Security, bajo la figura de Unión Temporal Prointer Zona 2, obtuvieron el contrato, esta vez por más de $21.000 .000.000.