Fiscalía imputó cargos a alias El Flaco por presunta planeación del atentado terrorista vinculado al caso Miguel Uribe Turbay

La investigación judicial que rodea el asesinato del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, continúa derivando en nuevas actuaciones penales relacionadas con estructuras criminales que habrían operado en Bogotá durante ese periodo.

La muerte del dirigente político, catalogada por las autoridades como un magnicidio, dio origen a varias líneas investigativas que permitieron identificar a distintos integrantes de una organización señalada de ejecutar y planear acciones armadas de alto impacto en la capital del país.

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En ese contexto, la Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez penal de control de garantías a Julián Andrés Ramírez Pérez, alias El Flaco, al que le fueron imputados cargos por su presunta participación en la planeación de un atentado terrorista que se pretendía ejecutar en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, el 3 de junio de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, Ramírez Pérez habría actuado en compañía de Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, que ya se encuentra privada de la libertad por su posible responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Tanto alias El Flaco como “Gabriela”, según la investigación, habrían participado en el traslado y entrega a un menor de edad del artefacto explosivo tipo lapa que iba a ser instalado en un vehículo que transitaba por esa zona de la ciudad.

La Fiscalía señaló que el explosivo fue ocultado en una maleta y transportado hasta una cafetería ubicada en Teusaquillo, donde habría sido entregado al adolescente con instrucciones precisas para que lo instalara sobre un automóvil. La orden consistía en ubicar el artefacto para que detonara en vía pública, lo que habría generado un ataque de carácter terrorista en un sector concurrido de Bogotá.

Los elementos materiales probatorios recaudados durante la investigación indican que el menor designado para ejecutar la acción desistió de instalar la bomba debido a la presencia de unidades de la Policía Nacional en el sector. Esta situación impidió que el atentado se consumara en la fecha prevista, según expuso la Fiscalía durante la audiencia de imputación.

“El Flaco”, de acuerdo con el ente investigador, haría parte de una red delincuencial dedicada a homicidios bajo la modalidad de sicariato y a la venta de estupefacientes al menudeo, además de otras conductas ilícitas perpetradas en distintos sectores de la capital.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

La Fiscalía precisó que esta es la segunda persona judicializada por la planeación del atentado frustrado en Teusaquillo. El 20 de noviembre de 2025 fue vinculada formalmente Katherine Andrea Martínez Martínez, que permanece recluida tras aceptar cargos relacionados con el asesinato de Uribe Turbay.

Según la información judicial, Martínez Martínez se convirtió en una pieza clave dentro del proceso penal, ya que sus declaraciones permitieron reconstruir el recorrido de los implicados y exponer la estructura del grupo criminal presuntamente liderado por Elder José Arteaga, alias El Costeño. A partir de su colaboración, la Fiscalía suscribió un acuerdo mediante el cual la procesada obtuvo una rebaja de pena y fue condenada a 21 años de prisión, tras aceptar los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

En sus confesiones, la imputada de 19 años detalló los roles asignados a cada integrante y la forma en que se planificaron las acciones criminales. Entre los aspectos revelados, hizo referencia al armamento empleado por la organización y a las instrucciones impartidas por “El Costeño”. En su testimonio afirmó: “Que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que había costado como 15 o 20 millones de pesos, que era un juguetote”.