La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso fundamental al abrir formalmente investigación contra el general (r) Mario Montoya por los denominados ‘falsos positivos’ en Antioquia, al atribuirle responsabilidad en 141 ejecuciones extrajudiciales durante su mando en la IV Brigada.
Esta decisión, tomada tras más de un año de análisis en la Unidad de Investigación y Acusación, deja al excomandante militar ante la posibilidad de un juicio penal por uno de los episodios más graves y documentados del conflicto armado en Colombia.
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El auto expedido por la JEP el 23 de diciembre de 2025 transforma la posición de Mario Montoya: dejó de ser un compareciente elegible para beneficios judiciales y pasó a estar expuesto a una eventual condena ordinaria de hasta 20 años de prisión.
Si la JEP determina su responsabilidad penal, esta sería la pena máxima que puede aplicarse en la jurisdicción, prevista para quienes tuvieron la oportunidad de aportar verdad y reconocer culpabilidad, pero optaron por negarla.
La resolución judicial, revelada por Cambio, parte de hechos ocurridos entre 2002 y 2003. Uno de los episodios más elocuentes señala que el 30 de noviembre de 2003, una unidad de la IV Brigada asesinó a Franklin de Jesús Gómez, un hombre con discapacidad intelectual presentado falsamente como guerrillero de las Farc muerto en combate, tras manipular la escena y plantar material bélico. Este caso es apenas un ejemplo entre 59 hechos criminales atribuidos a la comandancia de Montoya, según la Fiscalía de la JEP.
El documento subraya que las ejecuciones extrajudiciales no fueron sucesos aislados ni excesos individuales de las tropas, sino la consecuencia de una política sistemática. El texto sostiene que Montoya ideó y ejecutó una “lógica operacional” basada en la maximización de muertos en combate.
Según la JEP, el general promovió una cultura donde el número de bajas se convirtió en el principal indicador de éxito militar, utilizando expresiones como “litros, ríos o barriles de sangre” para referirse a los resultados. De este modo, las unidades que más reportaban muertes recibían reconocimientos e incentivos, con ello reforzando el ciclo de criminalidad en el que las víctimas fueron civiles desarmados y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
La investigación describe tres patrones principales de ejecución: la detención y asesinato de personas acusadas de pertenecer a grupos armados sin que existiera combate real; el engaño a civiles vulnerables, a quienes se ofrecían trabajos o traslados antes de matarlos; y la ejecución de personas ya capturadas, rendidas o fuera de combate, presentadas luego como bajas legítimas.
La JEP precisó que las víctimas no participaron en hostilidades y se encontraban en estado de indefensión. Los cuerpos —en muchos casos— fueron movidos y situados para simular enfrentamientos inexistentes, lo que constituye violaciones graves de derechos humanos, según el auto.
Pese a la gravedad de los señalamientos, el general (r) Mario Montoya rechazó en octubre de 2024 su responsabilidad en los cargos formulados por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Al negarse a reconocer su participación, perdió el acceso a sanciones restaurativas con restricciones de libertad y quedó expuesto al sistema punitivo ordinario de la jurisdicción.
En opinión de Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la apertura formal del proceso marca un avance importante, aunque persisten interrogantes. Arboleda destacó en diálogo con Cambio: “Mediante el auto 062 de 2023, la JEP seleccionó nueve máximos responsables relacionados con estos crímenes perpetrados entre los años 2002 y 2003, dentro de los cuales se encuentra Mario Montoya Uribe, quien fungía como comandante de la IV Brigada”.
“En este mismo sentido, mediante el auto 005 de 2025, la sala de reconocimiento de la JEP seleccionó otros máximos responsables llamados a reconocer su participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2004 y 2007. Llama la atención de esta segunda decisión la ausencia de Mario Montoya Uribe, quien se desempeñaba como comandante de la Primera División del Ejército Nacional y cuyo aporte fue determinante para el aumento exponencial... de estos graves crímenes", agregó el jurista.
La fase que se abre enfrenta a la JEP al desafío de procesar judicialmente a uno de los más altos mandos militares de la historia reciente de Colombia, una figura definida por el expresidente Álvaro Uribe —que lo designó comandante del Ejército en 2006— como “héroe de la patria”.
El caso de Montoya, tras estar más de un año en pausa, queda ahora bajo la lupa pública y el escrutinio de miles de víctimas y familiares, que esperan que la justicia determine si, dos décadas después, Colombia está dispuesta a avanzar hacia la verdad y la responsabilidad penal de los máximos jerarcas militares involucrados en los ‘falsos positivos’.
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