Dilian Francisca Toro, por anuncio de 17 gobernadores de no acogerse al decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: “No es una confrontación”

El viernes 16 de enero de 2026, un día después de difundirse el comunicado de la Federación Nacional de Departamentos (FND) ―en el que diecisiete gobernadores, incluida Dilian Francisca Toro, expresaron su negativa a implementar el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional liderado por Gustavo Petro―, la mandataria del Valle del Cauca advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría generar para las regiones.

Las declaraciones de la excongresista y expresidenta del Partido de la U se dieron en entrevista a Caracol Radio - W, y ella expuso las graves consecuencias que tal medida podría acarrear para las regiones.

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Toro resaltó que la prioridad de los mandatarios regionales es proteger los recursos destinados a sectores esenciales.

“Nosotros estamos buscando todas las instancias jurídicas para poder decirle a la justicia los problemas que se nos vienen a las regiones en caso de que se aplique la emergencia económica de licores y cigarrillos”, mencionó al inicio de su intervención la gobernadora de Valle del Cauca.

En esa misma línea, ella dijo que los directos afectados son las mismas poblaciones.

“Es a la gente, es a la comunidad, porque es a la salud, es a la educación, es al deporte (los que impactaría la aplicación dle decreto). Es decir, no vamos a tener recursos ni siquiera para pagar régimen subsidiado, que es uno de los problemas que tenemos hoy por el contrabando del cigarrillo y el contrabando del licor”, puntualizó Toro.

El meollo de la polémica decisión que tomaron 17 de los 32 gobernadores en Colombia

El eje del desacuerdo radica en el impacto fiscal que supondría la centralización de las rentas provenientes de licores y cigarrillos, que son cedidas constitucionalmente a los departamentos.

Toro explicó que la aplicación del decreto dejaría a los gobiernos locales sin fondos para cubrir obligaciones básicas.

“Si nosotros aplicamos el decreto, no vamos a tener con qué pagar absolutamente nada de lo que tenemos que pagar en salud y en educación. Entonces es la disyuntiva, son los ciudadanos con la salud, con la educación o es nosotros subirle el impuesto a algo que nos va a afectar para que los ciudadanos estén bien”, sostuvo la mandataria regional.

La gobernadora recalcó que la decisión de los mandatarios de oponerse a la medida se sustenta en la defensa de la autonomía financiera regional y en razones jurídicas.

“Se basa en la autonomía nuestra, en la autonomía financiera. Además, es inconstitucional, porque es que la renta del cigarrillo y la renta del licor es una renta cedida a los departamentos constitucionalmente y los recursos se los van a llevar para Bogotá, para el río central”, puntualizó Toro.

Durante la entrevista, Toro detalló que la pérdida de ingresos por concepto de licores y cigarrillos ya ha impactado a los departamentos debido al contrabando, y advirtió sobre el aumento de este fenómeno si se incrementan los impuestos y se centralizan los recursos.

“En el Valle del Cauca hemos disminuido nuestra renta en 40%. Esa renta es para pagar el régimen subsidiado. Y cuando se baja la renta, hay que compensar, porque la ley dice: de todas maneras, tiene que pagar el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de ver cómo logramos de rentas propias pagar el excedente", argumentó la mandataria.

De igual forma, Toro continuó defendiendo su posición, igual que la comparten los otros 16 gobernadores: “Muchas veces no tenemos rentas propias, porque no nos da para tener rentas propias”.

“Las rentas propias nuestras son esas, es el licor y el cigarrillo. Entonces, si se sube y si se aumenta y los recursos se van al Gobierno nacional, pues nosotros vamos a cargar con el contrabando, con la disminución de las rentas, pero los recursos que se generan por el aumento del impuesto se van para la región central y no se ceden a los departamentos”, expuso la líder regional vallecaucana.

La gobernadora se refirió a las posibles investigaciones que pueden abrir la Fiscalía y la Procuraduría

Frente a la preocupación de Toro por la posible reacción de la Fiscalía y la Procuraduría frente a la negativa de los gobernadores, desde el oficialismo se han solicitado investigaciones penales.

Al respecto, la mandataria afirmó que los mandatarios regionales respaldan su decisión en estudios jurídicos y que no actúan de forma arbitraria.

“Vamos a actuar con tutelas y además ya se está haciendo todo el estudio jurídico para poder nosotros sustentar lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, no. Las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”, destacó Toro.

La gobernadora explicó con ejemplos concretos el efecto que tendría la aplicación del decreto en la cotidianidad de los ciudadanos.

“Una botella de aguardiente que hoy vale 40.000 pesos, va a subir casi a 70.000 pesos. ¿Cómo no va a haber contrabando? Y los recursos que salen se van para el gobierno central. Yo creo que esta no es una confrontación, es poderle decir al país y decirle al gobierno que cuando se toman decisiones hay que prever qué efectos negativos va a generar en la gente, en la comunidad, no tanto con nosotros, solamente nosotros”, añadió la dirigente política.

Toro señaló que la crisis de desfinanciamiento se vería reflejada en todos los servicios públicos a cargo de los departamentos, profundizando problemas de seguridad, infraestructura y atención social.

La gobernadora argumentó: “Aquí cuando hay problemas de inseguridad, le echan la culpa a los gobernadores y a los alcaldes. Y resulta que aquí nosotros somos los que tenemos que responder por absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer para que las capacidades del Ejército y la Policía puedan darse. Sin recursos, aplicando el decreto, los recursos se llevan para el gobierno nacional y nosotros tenemos que responder”.

Al ser consultada sobre la postura de la Federación Nacional de Departamentos, Toro aclaró que, aunque diecisiete gobernadores firmaron el comunicado, varios más han manifestado su respaldo a la negativa.

En el tramo final de la entrevista, Toro reiteró que el objetivo de la acción conjunta no es “confrontar ni pelear, es decirle al país lo que nos está pasando y lo que va a pasar si se aplica ese decreto”.

Por último, la mandataria expresó que el lunes 19 de enero de 2026 sostendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a la espera de que se reconsidere la decisión.

Mientras tanto, los departamentos preparan acciones jurídicas y tutelas para defender lo que consideran derechos fundamentales.

Según la gobernadora, “la única forma, eso lo vamos a hacer personalmente cada gobernador, pero con un sustento jurídico, porque eso es lo que estamos precisamente analizando para hacerlo”.