Álvaro Uribe respaldó a los gobernadores y planteó frenar la emergencia económica de Petro invocando la ‘excepción de inconstitucionalidad’

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a entrar de lleno en el debate económico y político tras asegurar que los gobernadores del país podrían acudir a la “excepción de inconstitucionalidad” para no aplicar la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el exmandatario, la medida estaría afectando de manera directa las finanzas territoriales y dejando a departamentos y municipios sin recursos suficientes para cumplir sus obligaciones.

Las declaraciones se registraron en medio de un pronunciamiento público en el que Uribe cuestionó el manejo fiscal del Ejecutivo y planteó que existen herramientas constitucionales para que las autoridades locales se aparten de decisiones que consideren contrarias a la Carta Magna. En su intervención, el exjefe de Estado hizo énfasis en la situación financiera que, a su juicio, enfrentan gobernadores y alcaldes ante las decisiones del Gobierno nacional.

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“La Constitución colombiana trae la excepción de inconstitucionalidad; Colombia necesita un Gobierno que desde lo nacional dialogue con todos los alcaldes y gobernadores, sin detenerse en el origen político de la elección”, afirmó Uribe, al tiempo que reclamó mayor interlocución entre la Casa de Nariño y las entidades territoriales.

En su mensaje, el expresidente también mostró comprensión frente a las dificultades que, según él, enfrentan los mandatarios locales. “Porque uno también comprende a los gobernadores, a los alcaldes”, dijo, antes de lanzar una crítica directa al Ejecutivo por el manejo de los recursos públicos. Para Uribe, las decisiones adoptadas desde el nivel central estarían debilitando las finanzas regionales.

“El Gobierno nacional, con el derroche, la corrupción, los altísimos impuestos, los está dejando sin rentas, ¿cómo van a cumplir ellos con sus compromisos?”, expresó.

La referencia a la “excepción de inconstitucionalidad” no es menor. Se trata de una figura contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano que permite a las autoridades abstenerse de aplicar una norma cuando consideran que contradice la Constitución, sin necesidad de esperar un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional.

El ‘agarrón’ entre los gobernadores y Petro

La advertencia del Gobierno llegó rápido y con tono de choque. Desde la Casa de Nariño se dejó claro que cualquier intento de desconocer el decreto de emergencia económica tendrá consecuencias jurídicas, una respuesta que terminó de confirmar que el pulso entre el Ejecutivo y las regiones ya está abierto y escala a un nivel institucional inédito en los últimos años.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó como un “exabrupto jurídico” la decisión anunciada por varios gobernadores de no aplicar el decreto en sus territorios. Según el funcionario, la excepción de inconstitucionalidad no puede convertirse en una herramienta para que las autoridades regionales sustituyan a la Corte Constitucional. En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a los mandatarios departamentales de dar un “mal ejemplo” e incluso advirtió que podrían incurrir en prevaricato si llaman a incumplir la ley. El mensaje fue aún más directo, si bloquean la medida, deberán responder con recursos propios por el recaudo que dejaría de recibir la Nación.

El trasfondo de esta confrontación se remonta a la cumbre de gobernadores realizada en Bogotá, que pasó de ser una reunión protocolaria a un escenario de abierta rebelión política. Veinte de los 32 mandatarios departamentales anunciaron su resistencia frente al decreto de emergencia económica impulsado por el presidente Gustavo Petro, al considerar que afecta de manera directa las finanzas regionales y vulnera la autonomía consagrada en la Constitución de 1991.

Para el Gobierno nacional, la emergencia es una herramienta clave para recaudar cerca de 16 billones de pesos destinados a cubrir deudas del sistema de salud y compromisos externos. Para los gobernadores, en cambio, se trata de una medida que pone en riesgo las rentas que sostienen hospitales, programas sociales y el deporte en los departamentos.

La estrategia de los mandatarios se articula en tres frentes. El primero es una “tutelatón” masiva contra la redistribución de recursos planteada por el Ejecutivo. El segundo, más controversial, es la posible aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, que permitiría abstenerse de aplicar el decreto mientras la Corte Constitucional emite un fallo. Este punto es liderado técnicamente por Antioquia, con respaldo de Valle, Meta y Tolima, y se concentra en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos. El tercer frente es político y jurídico, una delegación de gobernadores buscará exponer ante la Corte el impacto que, según ellos, tendría la medida sobre la viabilidad de los departamentos.

Las críticas también tienen un componente económico concreto. El decreto plantea elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, con excepción de la cerveza, además de ajustes al impuesto al tabaco. Gobernadores como Luis Alfonso Escobar, de Nariño, advirtieron que un aumento de este tipo incentivaría el contrabando y las economías ilegales, debilitando aún más el recaudo regional.