Luego de que el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunció haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el software espía Pegasus, entre agosto y noviembre de 2025, diferentes organizaciones sindicales que hacen parte de la rama ejecutiva reaccionaron en su respaldo. Y mediante un comunicado conjunto el miércoles 14 de enero calificaron la situación como una “grave violación a los derechos fundamentales” y un ataque a la institucionalidad.
Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Empleados de la Rama Ejecutiva (Sinemprae) y la Federación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos (Fecotraservipublicos) expresaron su rechazo a las interceptaciones. En la misiva señalaron que “la democracia y el Estado de derecho se sostienen sobre el respeto irrestricto a la Constitución, la legalidad y la garantía de los derechos fundamentales”, frente a este caso que encendió las alarmas.
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El documento, firmado por Wilson Eduardo Puentes Suárez, presidente nacional de Sinemprae, y Isaías Garzón Álvarez, presidente nacional de Fecotraservipublicos, rechazó cómo que el espionaje habría involucrado la activación remota del micrófono y la cámara del teléfono del ministro Idárraga: que llegó al cargo en reemplazo del saliente ministro, Eduardo Montealegre, sin abandonar sus investigaciones como secretario de Transparencia en funciones.
Enfatizaron que “ninguna diferencia política, interés particular o circunstancia puede justificar el uso de mecanismos ilegales de vigilancia y seguimiento”, como estaría ocurriendo en el caso del titular de la cartera, del que fueron claros en decir que se estaría vulnerando el derecho a la intimidad, al debido proceso y a la libertad de actuación de los servidores públicos, “sin presiones ilegítimas ni persecuciones indebidas”.
¿'Fuego amigo’ en la administración Petro tras denuncias de Andrés Idárraga?
Y es que informe forense reveló más de 8.700 intentos de infiltración al celular de Idárraga. El funcionario atribuyó la responsabilidad al interior del propio Gobierno, al sugerir que la orden habría sido emitida por un sargento de contrainteligencia del Ejército Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa; aunque desde Washington, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue enfático en señalar que desde 2022 no se utiliza ese programa al interior de las fuerzas.
“Podríamos llamarlo víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, expresó Sánchez, con lo que parece haber desvirtuado los señalamientos que hizo su compañero de gabinete, más allá de que al inicio de su declaración envió un saludo de solidaridad frente a este caso.
Justamente Idárraga había expresado cierta desconfianza hacia el titular de la cartera, en afirmaciones que no pasaron desapercibidas por las organizaciones gremiales, que advirtieron que “las interceptaciones ilegales no solo vulneran la vida privada de las personas, sino que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, debilitan la democracia y recuerdan prácticas que Colombia ha condenado de manera reiterada”.
Ambos sindicatos exigieron una investigación “pronta, rigurosa e independiente” para identificar a los responsables materiales e intelectuales y evitar la impunidad. El pronunciamiento también incluyó un llamado a la sociedad para rechazar “cualquier forma de persecución ilegal, espionaje indebido o abuso de poder”. Estas denuncias han sido entendidas como una especie de “fuego amigo”, pues sería el reconocimiento del uso de Pegasus en el Gobierno Petro.
La denuncia, según reveló el ministro Idárraga, que causó un fuerte remezón al interior del Ejecutivo, ya fue formalizada ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El pronunciamiento sindical concluyó con una reiteración del compromiso con la legalidad, los derechos humanos y la transparencia, y defendió que “la democracia se defiende con instituciones fuertes, con justicia y con respeto por la ley”.
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