Retiran demanda contra el decreto del salario mínimo 2026 por amenazas, pese a su admisión en el Consejo de Estado

El abogado Germán Eduardo Castro Marín decidió retirar la demanda de nulidad contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, a pesar de que el proceso ya había sido admitido por el Consejo de Estado. La determinación responde a amenazas directas y mensajes de odio que pusieron en riesgo la seguridad de su familia, según expuso el demandante en un comunicado público emitido el 14 de enero de 2026.

La demanda presentada por Castro cuestionaba la legalidad del Decreto 1469 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, con el que se estableció un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. El jurista, en su declaración formal, aclaró que la acción de nulidad no perseguía intereses políticos ni personales y que fue resultado de un análisis técnico de la Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia vigente en la materia.

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En el texto dirigido a la opinión pública, el abogado subrayó: “Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”.

En su carta, el abogado recalcó que la acción judicial fue el resultado de un “estudio juicioso, técnico y riguroso” y que nunca buscó “afectar el bienestar de los trabajadores colombianos”.

Además, afirmó que el ejercicio legítimo del derecho a acceder a la justicia se ha visto opacado por una incomprensible ola de intolerancia, la cual se manifestó a través de amenazas y mensajes de odio que superaron el debate jurídico.

Amenazas y ambiente hostil tras la admisión de la demanda

La noticia de la admisión de la demanda generó una escalada mediática y social. Castro reportó haber recibido múltiples mensajes de odio y amenazas, lo que lo llevó a priorizar la seguridad y la paz de su familia sobre el desarrollo del proceso judicial.

En su comunicado, destacó: “Ninguna controversia jurídica, por importante que sea para la nación, vale más que la seguridad y la paz de mi hogar”.

El documento remarca su llamado a la sociedad a respetar el papel del litigante: “Atacar al litigante por ejercer la ley es atacar la democracia misma”. El abogado solicitó que se respete su privacidad y la de su familia, remarcando que su decisión no significa una renuncia a los principios jurídicos que motivaron la acción.

Fundamentos de la demanda

El proceso ante el Consejo de Estado se centraba en la metodología utilizada para definir el incremento del salario mínimo. El escrito de Castro alegaba una “falsa motivación y desviación de poder” por parte del Ejecutivo, señalando la ausencia de una justificación suficiente y el uso de estimaciones técnicas externas, en particular una brecha salarial calculada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lugar de los parámetros establecidos por la ley colombiana.

En el documento jurídico se consignó: “El Gobierno estableció así, una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”.

La demanda también señaló que, a diferencia de años anteriores, no se habría respetado el proceso de concertación histórica entre las partes para definir el incremento anual del salario mínimo. El texto sostiene que el decreto “no determinó” el aumento del “23 por ciento a partir de dichos parámetros” como la inflación, la meta oficial de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Repercusiones del retiro y próximos pasos

La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado abrió la posibilidad de que se suspendieran provisionalmente los efectos del decreto, lo que habría tenido consecuencias económicas y sociales para el país. Sin embargo, con la decisión de Castro de apartarse del proceso y retirar la demanda, corresponde ahora al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves formalizar la terminación del trámite.

El comunicado del demandante enfatizó: “Me retiro con la tranquilidad de haber actuado conforme a derecho y con la satisfacción profesional de que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró mérito jurídico en mis argumentos al admitir la demanda”.

El decreto y su controversia

El Decreto 1469 de 2025 estableció un aumento del 23% en el salario mínimo, una decisión que el presidente Gustavo Petro justificó apelando a la existencia de una “inequidad salarial histórica” y a la brecha identificada por la OIT.

Durante la alocución oficial sobre el tema, el mandatario no incluyó referencias a los indicadores económicos tradicionales para fijar el salario mínimo, como inflación y productividad.