El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura advertencia directa a los gobernadores del país que anunciaron su negativa a cumplir el decreto tributario expedido durante la emergencia económica, por parte del presidente Gustavo Petro.
El alto funcionario sostuvo que desconocer una norma vigente no constituye un acto político, sino una conducta con posibles efectos penales y disciplinarios. Desde su posición, dejó claro que ninguna autoridad territorial puede decidir por fuera del orden jurídico nacional.
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Benedetti calificó como grave el llamado de algunos mandatarios departamentales a desobedecer el decreto y afirmó que ese tipo de mensajes afecta el respeto por la institucionalidad.: “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley”.
“La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acate la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional”, expresó el ministro, al insistir en que el control de constitucionalidad no recae en los ejecutivos regionales.
El jefe de la cartera política explicó que la desobediencia abierta a una disposición legal puede derivar en responsabilidades individuales. Según Benedetti, el debate jurídico no autoriza a desconocer la norma mientras exista.
“Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley. Y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su peculio. Lo que se pretende recoger de los impuestos que se está poniendo”, afirmó, al referirse a las eventuales consecuencias patrimoniales para quienes adopten esa postura.
Esta es la razón de las advertencias del ministro del Interior
El pronunciamiento del ministro surgió tras los anuncios de varios departamentos que comunicaron su decisión de no aplicar el decreto tributario. Cerca de 17 gobernaciones expresaron su respaldo a la postura liderada por el líder de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que señaló que su administración no ejecutará las medidas fiscales hasta que exista un fallo definitivo de la Corte Constitucional.
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, declaró Rendón ante medios de comunicación.
Rendón argumentó que la medida representa un riesgo para la autonomía fiscal de las regiones y alertó sobre impactos negativos en los recursos públicos del departamento: “Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”.
“La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia. La Constitución es la norma de normas. Ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra Carta Magna”, enfatizó Andrés Julián Rendón sobre el decreto que firmó el presidente Petro.
Desde la visión del Gobierno nacional, Benedetti sostuvo que esa interpretación desconoce la separación de funciones establecida por la Constitución. Para el ministro, ningún gobernador puede atribuirse la facultad de suspender una norma por iniciativa propia, pues esa competencia pertenece de forma exclusiva al alto tribunal.
Cabe destacar que la controversia tomó mayor fuerza después del anuncio realizado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que indicó que su departamento tampoco aplicará el impoconsumo a los licores previsto en el decreto; este tributo representa una fuente clave de ingresos regionales, aspecto que varios mandatarios citaron como motivo de preocupación frente a la medida.
Mientras el debate político escala, la Corte Constitucional estudia la validez jurídica del decreto de emergencia económica, con el magistrado Carlos Camargo como ponente y desde el Ejecutivo, Armando Benedetti reiteró que ese examen institucional no justifica actos de desacato y recordó que el orden legal exige cumplimiento hasta que exista una decisión de fondo.
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