Un juez aprobó un principio de oportunidad en una investigación por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, lo que ha generado reacciones en distintos sectores políticos.
Esta medida, que busca obtener información clave de un testigo considerado central en el caso, ha sido el detonante de nuevas expectativas en torno al destino judicial de varios exfuncionarios de la alcaldía.
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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, manifestó que la decisión judicial representa un avance importante en la indagación sobre supuestos hechos irregulares ocurridos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que mantuvo contratos con Metro Parques.
De acuerdo con las declaraciones de De Bedout, recogidas en su cuenta de X, “la gente empezó a hablar y a señalar quién les dio la orden. Un juez avaló un principio de oportunidad por hechos de su alcaldía, y eso no se concede gratis”.
El dirigente agregó que la justicia se encuentra tras los responsables de las directrices que habrían permitido el entramado ilegal en la gestión de Daniel Quintero Calle.
Según lo expresado por De Bedout, el testigo protegido por el principio de oportunidad habría desempeñado un papel determinante en el esclarecimiento de los hechos: “Un testigo clave, estrella en ese proceso, ese entramado de corrupción que se dio en la administración de Daniel Quintero”.
La aprobación del beneficio judicial implica que, desde el 16 de diciembre de 2025, la acción penal sobre el señalado queda suspendida mientras aporta información ante las autoridades.
Esta suspensión busca otorgar garantías suficientes para que el testigo revele detalles sobre la cadena de mando y los actores involucrados en la presunta red de corrupción.
La reacción de De Bedout incluyó una advertencia sobre el posible alcance de las investigaciones.
El presidente del Concejo de Medellín enfatizó que “el ventilador está encendido y no apunta a eslabones menores. Van a caer y tendrán que responder ante la justicia por todo el daño que le hicieron a Medellín”.
De Bedout también aseguró que algunos líderes del anterior gobierno municipal permanecen en silencio debido a la presión judicial a la que estarían sometidos.
El caso, que involucra recursos públicos gestionados durante la administración de Quintero Calle, mantiene la atención centrada en la posible imputación de varios exfuncionarios y contratistas.
De Bedout sostiene que los responsables deberán asumir las consecuencias legales de sus actos, subrayando que “tienen el agua al cuello y van a tener que responder por todo lo que hicieron con los recursos de esta ciudad”.
Fiscalía acusó a exfuncionarios y contratistas por millonarios contratos irregulares en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra exfuncionarios y excontratistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques por la presunta celebración de contratos públicos sin cumplir los requisitos legales, interés indebido en contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Este proceso involucra recursos superiores a 17.000 millones de pesos destinados entre mayo de 2020 y octubre de 2022, bajo la administración de Daniel Quintero.
La investigación de la Fiscalía detalla que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmó contratos interadministrativos con Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
Además, se reporta la existencia de un contrato por 7.000 millones de pesos para la construcción de una bodega en ese lugar, cuya necesidad no fue justificada, pues, de acuerdo con la entidad investigadora, la obra solo buscaba beneficiar al contratista.
Estos hechos se suman a otros procesos judiciales en curso contra antiguos servidores públicos y representantes de empresas privadas.
Entre los procesados figuran Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y María Eugenia Domínguez Castañeda, también exgerente de esa entidad.
En la lista también aparecen Viviana del Valle Velásquez, exjefe de Compras de Metroparques, Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general, y César Augusto Chavarría Munera, exjefe de la Unidad Estratégica de Logística de Eventos.
La nómina de acusados se completa con Laura María Mejía Higuita, líder del Programa Unidad Logística del Área Metropolitana; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana S.A.S.; Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques; y los representantes legales de otras firmas vinculadas: Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo.
El caso incluye información sobre siete contratos adicionales que generaron tres imputaciones relacionadas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. La audiencia de acusación está fijada para el 23 de febrero de 2026 a las 8:30 a. m.
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