Medida del Gobierno que prioriza contratos a personas con discapacidad preocupa a las empresas: “Abre la puerta a la corrupción”

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, expresó que el gremio ve con inquietud un borrador de decreto elaborado por Colombia Compra Eficiente, entidad del Estado encargada de diseñar, implementar y promover políticas, normas y herramientas para hacer más transparentes, eficientes y competitivas las compras y contrataciones públicas, que propone otorgar mayor puntaje en los procesos de contratación pública a empresas y emprendimientos vinculados con personas en condición de discapacidad.

La iniciativa, que forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para incentivar la inclusión laboral, generó preocupación en el sector por sus posibles impactos en la dinámica competitiva y en la eficiencia de la contratación estatal.

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Y es que el documento plantea un sistema de puntuación que otorga ventajas en las licitaciones públicas a aquellas compañías que acrediten la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad. De acuerdo con el texto conocido por el gremio, el objetivo sería promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a contratos estatales, lo que se alinea con políticas internacionales de derechos humanos y empleo digno.

Caicedo sostuvo por medio de X que “el gremio de la infraestructura ha sido, en los hechos, incluyente. Las empresas del sector abren sus puertas al talento de todas las regiones, a población vulnerable, a minorías y a personas en condición de discapacidad. No solo por decreto, sino por convicción y mérito”. Para el dirigente, el proyecto podría provocar efectos adversos no previstos por los promotores de la norma.

Distorsión del mercado y corrupción

Advirtió que la propuesta “distorsiona el mercado, abre la puerta a la corrupción, presiona el empleo y termina en lo más grave: la mercantilización de personas en condición de discapacidad”.

Según explicó el directivo, la inclusión de criterios de discapacidad en la ponderación de ofertas podría desplazar factores como la experiencia, el conocimiento técnico y la calidad de las propuestas, lo que a su juicio “allana el camino —al amparo de una medida— para concentrar la contratación en manos de los muy pocos que pueden cumplir los requisitos”.

El borrador, que permanece en discusión, ya recibió observaciones de otros entes estatales. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó hace poco un documento técnico en el que advierte sobre posibles efectos negativos para la libre competencia. De acuerdo con el análisis de la entidad, la redacción del decreto podría restringir la participación de empresas con trayectoria y capacidad técnica reconocida, sin garantizar necesariamente un beneficio estructural para la población con discapacidad.

Impacto del salario mínimo

De igual forma, el líder gremial vinculó la iniciativa con el reciente incremento del salario mínimo en Colombia. Sostuvo que “el efecto combinado resulta conocido y nocivo: mayores costos, menor contratación y despidos. Las malas políticas no se corrigen entre sí, se acumulan”. Para el sector, la aplicación simultánea de políticas que aumentan los costos empresariales y que modifican las reglas de juego en la contratación pública podría agravar las dificultades de empleo y reducir la capacidad de inversión de las compañías.

La discusión sobre el borrador de decreto puso bajo la lupa la manera en que el Estado fomenta la inclusión laboral sin afectar la eficiencia y la transparencia de los procesos públicos. Para el dirigente y la CCI, la verdadera inclusión “no se impone por atajo ni por puntaje, se construye con reglas sensatas y empleo sostenible”.

Así las cosas, la posición del gremio es que cualquier modificación normativa debe considerar el impacto en la competencia, la calidad de los proyectos y la sostenibilidad del empleo en el sector infraestructura.

Abierto a comentarios

Al respecto, el texto propuesto por Colombia Compra Eficiente sigue abierto a comentarios, por lo que se prevé que en las próximas semanas continúe el diálogo entre el Gobierno, los gremios y los organismos de control. El desenlace de la discusión podría marcar un precedente en la política de contratación pública colombiana, al tiempo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre inclusión social y competitividad empresarial.

Precisamente, la controversia llegó en un momento de transición para el gremio. En octubre de 2025, Juan Martín Caicedo anunció su renuncia a la presidencia de la CCI, cargo que ocupó durante más de 20 años. La salida del dirigente se hará efectiva en febrero de 2026, luego de la asamblea anual de la organización.