El exdirector del Dane y candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, criticó la idea de que aumentar el salario mínimo en Colombia resolverá la pobreza y pidió priorizar la formalización laboral, la baja inflación y el acceso al crédito.
Las declaraciones se difundieron a través de la red social X y en un video que circuló este miércoles 14 de enero de 2026, donde Oviedo cuestionó la eficacia de propuestas centradas únicamente en el incremento del ingreso básico.
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De acuerdo con el análisis publicado por Oviedo, “si subir el salario mínimo acabara la pobreza, ¿por qué no ponerlo en 4?”, en referencia a cuatro millones de pesos colombianos, cifra superior al valor actual.
El economista advirtió que “el salario mínimo es como la fama: pocos se lo ganan, pero hace bastante ruido” y subrayó que solo uno de cada diez trabajadores en Colombia recibe ese ingreso, mientras que “seis de cada diez ganan menos y están en la informalidad”.
Según lo expresado, la mayoría de la fuerza laboral nacional no se beneficia directamente de los ajustes al salario mínimo debido al alto nivel de informalidad.
“El remedio para la pobreza no puede limitarse a subir el salario mínimo”, insistió. Para Oviedo, la discusión debe enfocarse en “soluciones concretas que fomenten la formalidad y la hagan más barata”, así como en la creación de condiciones económicas que incentiven la generación de empleo legal.
El aspirante presidencial remarcó la necesidad de que las políticas públicas apunten a reducir la inflación, lo que permitiría que los salarios tengan mayor poder de compra, y a facilitar el acceso al crédito para quienes trabajan fuera del sistema formal.
“El crédito, la tecnología y las habilidades gerenciales abren un mundo de oportunidades para que más personas ganen ese salario mínimo o, ¿por qué no?, mucho más”, señaló.
La propuesta de Oviedo busca que el 56% de los trabajadores informales accedan a herramientas financieras que les permitan mejorar sus condiciones laborales y económicas.
En el contexto actual de la economía colombiana, el debate sobre el salario mínimo se intensifica cada año, especialmente antes de las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos.
Las opiniones como la de Oviedo aportan argumentos para revisar las estrategias vigentes y plantear alternativas que trasciendan el ajuste anual del salario mínimo.
Fenalco demandó al Gobierno por alza del salario mínimo: advierte riesgos para empleo y economía
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad, junto con una solicitud de suspensión provisional urgente, contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026.
La organización argumentó que la decisión oficial representa riesgos económicos y sociales para el país y presenta deficiencias técnicas y legales.
De acuerdo con la demanda, Fenalco sostiene que el Ejecutivo ignoró el marco legal y constitucional vigente para regular el salario mínimo.
Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, manifestó que “el decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”.
El Gobierno sustituyó variables como inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional por el concepto de “salario vital”, basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin carácter obligatorio en Colombia.
Fenalco también advirtió la omisión de la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la definición y certificación de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un elemento clave para medir la inflación.
El gremio cuestionó que no existe una justificación técnica clara sobre cómo se pasó de variables económicas que sugerían un ajuste del 6,21% a un incremento del 23,7%. “Esta diferencia carece de sustento técnico suficiente y pone en entredicho la transparencia y la seguridad jurídica de la decisión”, afirmó Cabal Sanclemente.
En la solicitud presentada, Fenalco alertó sobre posibles impactos irreversibles en la economía nacional.
Entre los riesgos mencionados figuran presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad laboral y deterioro de las finanzas públicas.
El gremio calcula que, de mantenerse el alza, podrían perderse cerca de 772.340 empleos y cerrarían miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El gremio pidió al Consejo de Estado suspender inmediatamente el decreto mientras se estudia el fondo del caso, con el objetivo de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica.
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