Debido a que ya fue entregado en la Corte Constitucional el decreto de emergencia económica 1930, que fue expedido por el presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025, diferentes sectores del país se han pronunciado.
La ponencia quedó en poder del magistrado Carlos Camargo Assis, mientras que en el país se sigue discutiendo la vacancia judicial, que permite que se expidan estados de excepción de esa índole, que para algunos impide el control inmediato.
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A esto se suman las críticas por el decreto reglamentario 1474, que fue radicado el 29 de diciembre, en el que se avalan impuestos con fuerza de ley con un IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y las apuestas en línea, lo que rige desde el 1 de enero del 2026.
Activista denunció al presidente Petro por “gobernar con decretazos”
Infobae Colombia tuvo acceso a la ofensiva jurídica del abogado activista David Cote, que denunció ante la Corte Constitucional al Gobierno Petro, por lo que califica como una “extralimitación de poder”.
La denuncia fue radicada con el objetivo de derogar el decreto de emergencia económica, que para el jurista representa cómo el Gobierno está usando una figura de excepción para “saltarse la democracia y meterle la mano al bolsillo a los colombianos sin control político”.
La demanda expone como argumento principal que el Gobierno habría calculado estratégicamente la expedición del decreto justo durante la vacancia judicial y legislativa, buscando imponer reformas tributarias disfrazadas de emergencia social.
“Las emergencias son para catástrofes imprevisibles, no para tapar la mala gestión o los errores de cálculo del ejecutivo. Lo que estamos viendo es un intento de legislar por la puerta de atrás, aprovechando que el congreso y las cortes estaban en receso. Defender la Constitución hoy es defender la billetera de la gente mañana”, declaró Cote tras radicar el documento.
Al interponer la acción popular contra el Gobierno Petro por el sobrecosto injustificado de la gasolina en el pasado, y al alertar sobre la trampa mortal entre el invierno demográfico y el populismo salarial, David Cote reafirmó que su objetivo es ser un “freno de mano” respecto a los abusos de la administración pública.
Con esta demanda, la Corte Constitucional tiene ahora en sus manos la decisión de validar si el presidente puede o no asumir facultades extraordinarias para decretar impuestos. Al respecto, el jurista advirtió: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso. Esto es un precedente peligroso que vamos a detener”.
Al igual que la denuncia mencionada, varios sectores políticos han solicitado a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica, lo que permitiría congelar impuestos como el de patrimonio.
Este tributo redujo el umbral a capitales de 2.000 millones de pesos, y su declaración está programada para mayo. Se espera que el tribunal demore hasta cuatro meses en pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, tomando como referencia los antecedentes, como la sentencia relacionada con el decreto de conmoción interior para el Catatumbo en enero de 2025.
En el proceso, tras el reparto del caso, el magistrado ponente podría solicitar pruebas a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda. El objetivo sería determinar si las razones invocadas por el Gobierno para decretar la emergencia económica cumplen con el requisito constitucional de responder a hechos y no a motivos políticos, como han advertido expertos jurídicos y económicos. Estas dudas surgen luego del fracaso de la reforma tributaria y la aprobación de un presupuesto considerado desfinanciado.
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