El Consejo de Estado admitió para su evaluación una demanda que cuestiona la legalidad del decreto 1469, mediante el cual el presidente de la República, Gustavo Petro, fijó el salario mínimo para 2026. El proceso judicial pone en tela de juicio no solo la metodología empleada para definir el incremento, sino las implicaciones constitucionales y económicas de este ajuste, lo que podría desencadenar la suspensión de los efectos del decreto en curso.
Uno de los argumentos destacados en la demanda, conocido por Semana, hace referencia a la ausencia de justificación suficiente sobre el aumento adoptado. Según el texto presentado ante la Sección Segunda del alto tribunal, se denuncia una “falsa motivación y desviación de poder” por parte del mandatario colombiano, al no precisar los criterios económicos y legales que respaldan el incremento del 23%.
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El documento enfatiza: “El Gobierno estableció así, una política de ajuste por brecha salarial basada en estimaciones técnicas externas, para justificar un aumento muy superior a los parámetros económicos definidos por la ley colombiana”.
Este conjunto de objeciones también sostiene que el Ejecutivo habría eludido consensos históricos en la negociación del salario mínimo. Se indica que, durante décadas, las partes discuten y llegan a acuerdos sobre el incremento anual, hecho que no se habría respetado en esta oportunidad. El demandante plantea una “sustitución de los parámetros legales”, señalando que el decreto “no determinó” el aumento del “23 por ciento a partir de dichos parámetros” como la inflación, la meta oficial de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
En los fundamentos expuestos, se menciona que la resolución admite expresamente que el porcentaje de aumento surge como resultado de la brecha entre el salario mínimo actual y una estimación efectuada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario vital en Colombia. El escrito recoge el siguiente planteamiento: “Esto significa que el Gobierno no utilizó los parámetros legales para definir el incremento, sino que sustituyó el sistema legal por una regla de cierre de brecha no prevista por el Congreso”, según consta en la demanda presentafa, que cita el medio.
El texto judicial, además, recopila que el presidente Petro, en su alocución de 18 minutos, aludió exclusivamente a la existencia de una “inequidad salarial histórica” y una amplia brecha para justificar la decisión, ignorando las referencias habituales a indicadores económicos. Los demandantes advierten: “Un incremento del 23%, basado en una brecha social y no en una productividad ni inflación, impone una carga desproporcionada a la economía, al empleo, y a la empresa, rompiendo el equilibrio constitucional entre trabajo, empresa y sostenibilidad microeconómica”.
El estudio formal de la demanda quedará en manos del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. Según información confirmada por el medio citado, se espera que en próximos días otras acciones jurídicas sean radicadas ante las autoridades, buscando suspender los efectos del cuestionado decreto.
Petro anunció marchas para defender el salario mínimo de 2026
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la movilización pública y anticipó un intenso debate judicial en torno al aumento del salario mínimo decretado por su gobierno, decisión cuya defensa enmarca en la obligación constitucional de garantizar un “salario vital y familiar”. Mientras las altas cortes reanudan su agenda tras el receso, el mandatario prevé demandas judiciales contra el decreto y contra la imposición de nuevos tributos a los grandes conglomerados en el contexto de la emergencia económica.
En la misma comunicación, Petro advirtió que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para que los próximos presidentes estén obligados a establecer un salario mínimo vital y familiar, restringiendo así la discrecionalidad sobre este tema. Sostuvo que la compra de votos y el peso de los grandes capitales en el Congreso bloquearon cualquier avance en el mandato constitucional sobre salarios durante décadas recientes.
En un extenso pronunciamiento publicado durante la madrugada en su cuenta de X, Petro argumentó que sectores empresariales y económicos acudirán con inmediatez a “sus amigos en el poder judicial” para intentar anular tanto el decreto salarial como el relativo a la carga tributaria sobre grandes conglomerados, según citó el propio jefe de Estado colombiano.
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