
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y Derecho, se pronunció frente a la suspensión de la medida que autorizaba el traslado de Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, al igual que Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El negro Ober, cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla.
En una rueda de prensa, el titular encargado de la cartera judicial aclaró que los sujetos no se trasladarán a la capital del departamento del Atlántico debido a la falta de compromisos de los grupos criminales que se encuentran vinculados a un proceso de ‘paz urbana’ con el Gobierno de Gustavo Petro, desestimando las críticas de varios sectores políticos de la región, entre los que se destaca el alcalde barranquillero Alejandro Char.
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“La suspensión de ese traslado no se da por la réplica del alcalde Char. La suspensión se da porque este fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales, en el marco de la mesa que tienen con la oficina del Alto Comisionado para la Paz”, expresó el funcionario a los medios de comunicación.
Del mismo modo, Idárraga advirtió que, una vez se superen las dificultades en el espacio socio jurídico entre el Ejecutivo y los grupos armados, se podrá autorizar la llegada de varios integrantes de dichas organizaciones a los centros penitenciarios de Barranquilla para adelantar la mesa de negociación.
“Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir. Y obviamente que nuestra prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público en la ciudad de Barranquilla, cosa que en nuestra consideración no han venido haciendo las autoridades del departamento y de la alcaldía de Barranquilla”, expresó.
Así mismo, recordó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hoy es liderada por Otty Patiño, es la única entidad que puede decidir sobre el traslado o no de integrantes de grupos armados recluidos en las cárceles del país.
“En el caso del Ministerio de Defensa, es un vehículo para poder llegar a materializar los acuerdos que hacen en esa mesa. Es decir, el Ministerio de Justicia ni ningún otro ministerio toma parte ni decide si se van o no perse a una cárcel o a otra. Esas medidas se toman por solicitud de la oficina del Alto Comisionado para la Paz”, agregó.
Adicional a ello, se refirió a los cuestionamientos de varios sectores que señalaron que la presencia de estos sujetos en Barranquilla aumentaría la violencia en ese territorio.
“Las personas que se van a trasladar, si llegara a ser el caso, tienen que ser entrevistadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para saber para qué los trasladamos. No las trasladamos para delinquir más cerquita entre ellos. Las trasladamos para que estén en función del proceso de paz que se está llevando a cabo”, indicó.
Por último, el ministro encargado de Justicia insistió en que la viabilidad del proceso con Los Pepes y Los Costeños no depende de un marco jurídico que autorice dichos espacios, teniendo en cuenta el poco tiempo que tendrá el Gobierno Petro para concretar los acuerdos con estas estructuras delincuenciales.
“La experiencia nacional y la internacional demuestra que no necesariamente siempre tiene que existir un marco ya establecido y aprobado para poder llevar a cabo esas negociaciones. Así ocurrió en un proceso de paz con las Farc, de tal manera que no precisamos del marco, inicialmente para iniciar las conversaciones, pero sí se precisará de un marco para poder llevar a cabo la materialización y la protocolización de un posible acuerdo de paz”, puntualizó.
Por el momento, alias Castor permanecerá recluido en la Cárcel de Cómbita (Boyacá), mientras que Digno Palomino y ‘El Negro Ober’ seguirán detenidos en la Cárcel La Picota de Bogotá.

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