El Ministerio de Salud salió al paso de las críticas y versiones que en los últimos días han circulado en medios de comunicación y redes sociales sobre el proceso de formalización laboral y rediseño institucional de la entidad.
Según la cartera, se trata de información “imprecisa y descontextualizada” que presenta el ajuste como un aumento desproporcionado del gasto público, cuando en realidad ,afirmó, el proceso se ejecuta a costo cero y en estricto cumplimiento de mandatos legales y constitucionales.
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A través de un comunicado oficial, el Ministerio aseguró que la formalización laboral no implica la asignación de recursos adicionales ni genera un impacto fiscal distinto al ya aprobado en el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2026. “Insistir en lo contrario desconoce los hechos y contribuye a desinformar a la ciudadanía”, señaló la entidad.
La defensa del Ministerio: es un proceso técnico iniciado en 2024
De acuerdo con el Ministerio de Salud, el rediseño institucional no es una decisión improvisada ni coyuntural. El proceso se inició en 2024 y se basa en estudios técnicos rigurosos que analizaron la carga laboral real y las actividades permanentes que, durante años, han sido cubiertas mediante contratos de prestación de servicios.
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Ese análisis permitió identificar la necesidad de formalizar más de 400 cargos dentro de la planta de personal, con el objetivo de reducir la dependencia estructural de contratistas y corregir esquemas de vinculación considerados precarios dentro de la administración pública.
La cartera explicó que estas funciones no corresponden a labores temporales o excepcionales, sino a actividades misionales y recurrentes del Ministerio. Por ello, su formalización responde a una realidad operativa y no a un aumento injustificado del tamaño del Estado.
“No hay aumento del gasto público”
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a las afirmaciones que califican la formalización como un incremento excesivo del gasto público, especialmente en un contexto en el que se discute la situación financiera del sistema de salud.
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Según el Ministerio, el costo proyectado del proceso es austero, está respaldado por estudios técnicos y, conforme a la ley, se estima a costo cero, lo que significa que no requiere recursos adicionales ni modifica el marco fiscal aprobado. En otras palabras, los costos asociados ya se encuentran contemplados dentro del presupuesto vigente.
La entidad recalcó que presentar el rediseño institucional como un “escándalo” en medio de una supuesta crisis del sistema carece de sustento técnico y contribuye a generar percepciones erróneas en la opinión pública.
Aval del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Salud también informó que el proceso cuenta con el concepto de viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitido mediante oficio del 31 de diciembre de 2025.
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En dicho concepto, Hacienda concluyó que la modificación de la planta de personal es fiscalmente viable, ya que los costos asociados están previstos dentro del presupuesto de funcionamiento de 2026 y no implican la asignación de recursos adicionales ni un impacto fiscal distinto al aprobado por el Congreso.
Este aval, según la cartera, desvirtúa las versiones que señalan un supuesto desorden fiscal o una expansión presupuestal injustificada.
<b>Un mandato legal y constitucional</b>
Más allá del aspecto presupuestal, el Ministerio subrayó que la formalización laboral no solo es legítima, sino obligatoria. El proceso se adelanta en cumplimiento de pronunciamientos de la Corte Constitucional, en particular las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, que prohíben el uso sistemático de contratos de prestación de servicios para cubrir funciones permanentes del Estado.
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Asimismo, la formalización se enmarca en los objetivos establecidos en el artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023), que ordena avanzar en la garantía de derechos laborales y en la superación de prácticas de precarización dentro del sector público.
“El legislador ha sido claro en que estos procesos deben adelantarse sin generar costos adicionales para las entidades”, recordó el Ministerio.
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