Las denuncias sobre espionaje y vigilancia interna en el Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro encendieron de nuevo el debate sobre las fisuras dentro del oficialismo y la seguridad de los altos funcionarios.
El caso, conocido el 13 de enero de 2026, involucra al ministro encargado de Justicia y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, que afirmó públicamente haber sido objeto de una intervención con el software Pegasus, un sistema célebre por su capacidad para rastrear comunicaciones privadas.
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En su declaración, Idárraga aseguró que entre agosto y noviembre de 2025 sus comunicaciones fueron interceptadas, con acceso a 2,3 gigas de datos de su teléfono móvil, incluyendo denuncias de corrupción y las identidades de sus fuentes, tal como detalló el propio funcionario. Lo inquietante, según el ministro encargado, es que estos seguimientos habrían sido ordenados desde el propio Ministerio de Defensa, que lidera Pedro Sanchez, utilizando recursos reservados y estructuras del Ejército colombiano para perseguir a funcionarios que investigan casos de corrupción, conforme a lo que expuso Idárraga con base en un informe forense en su poder.
Estas revelaciones colocan de manifiesto el fenómeno del “fuego amigo” dentro del Gobierno Petro, una situación que, basándose en las declaraciones sobre los hechos, no encontraron respuestas judiciales pese a que algunas víctimas, incluidos ministros, recurrieron a la Justicia. Idárraga fue tajante al plantear las preguntas de fondo: “¿Con qué fin lo utilizaron? ¿Buscan atacar a quienes están denunciando la corrupción? ¿Atacar a sus propios funcionarios? Esto se tiene que esclarecer”, reclamó el funcionario en su comparecencia.
Desde sectores del oficialismo, la denuncia provocó fuertes reacciones. David Racero, expresidente de la Cámara y miembro del Pacto Histórico, señaló: “El Ministro de Defensa, del cual surgen cada vez más cuestionamientos, debe responder ante esta posible violación de las comunicaciones del Ministro Idárraga (sic)”, escribió en su cuenta de X. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha emitido posicionamiento público sobre los señalamientos, lo que expone la fractura en el Ejecutivo.
Otros casos de ‘chuzadas’ dentro del Gobierno Petro
No es la primera vez que se registran denuncias de espionaje en el círculo cercano al mandatario colombiano. El ministro del Interior, Armando Benedetti, comunicó en diciembre de 2025 que también fue víctima de Pegasus. La inspección a su teléfono se realizó el 28 de noviembre de 2025 con un sistema extranjero que, en 24 horas, detectó indicios de la última versión de Pegasus operando en su dispositivo.
La evidencia obtenida fue entregada a Benedetti el 2 de diciembre, junto con la recomendación de emprender acciones legales. Solidarizándose con Idárraga, Benedetti publicó en redes sociales: “Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. ¡Solo tengo sospechas de quién me lo tiene aún puesto en mi teléfono celular! ¡Qué cobardes y miserables son estas personas!”.
Estos hechos se suman a la denuncia presentada el 21 de junio de 2024 por la primera dama, Verónica Alcocer. En esa ocasión, Alcocer no mencionó seguimiento tecnológico ni software de espionaje, pero sí habló de una campaña de desprestigio interna desde la Casa de Nariño, fundamentando su denuncia en informaciones que atribuía a funcionarios del propio Gobierno.
“A la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del Gobierno que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores”, expresó Alcocer en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
A pesar del eco mediático y la gravedad de las acusaciones, las investigaciones judiciales no han presentado resultados públicos sobre las denuncias radicadas por los afectados.
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