Una fuerte controversia pública se desató tras conocerse que una acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá busca suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La iniciativa judicial, radicada el 8 de enero, tiene como uno de sus apoderados al expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, lo que generó pronunciamientos críticos desde distintos sectores políticos y sindicales.
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El salario mínimo para 2026 fue fijado por decreto en $1.750.905 mensuales, acompañado de un auxilio de transporte de $249.095. Según cifras oficiales, el incremento total representa un aumento del 23,78% frente al salario mínimo vigente. La decisión se adoptó luego de que no se lograra un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales entre empresarios y trabajadores.
Tras conocerse la tutela, funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales cuestionaron públicamente el rol del exmagistrado y el alcance de la acción judicial, mientras que los demandantes sostienen que el aumento vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la sostenibilidad económica y fiscal.
Críticas desde el Gobierno, el Cingreso y el sindicalismo
Uno de los primeros en reaccionar fue el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, quien se refirió al caso a través de su cuenta en X. “Una persona que en promedio se ganaba más de 45 millones al mes, pone tutela para que millones de trabajadoras (es) de Colombia no se ganen 2 millones mensuales. Mucha mezquindad y clasismo”, escribió el funcionario.
Desde el sector sindical, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, también cuestionó la acción presentada. En su pronunciamiento señaló: “Que un magistrado como Alejandro Linares, actuando en nombre de empresarios, considere que le cabe una tutela al decreto de salario mínimo, da mucho qué pensar de sus conocimientos en materia de la ley que establece el procedimiento para definirlo”.
Arias agregó que el procedimiento legal está claramente establecido: “La ley es clara: cuando no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores en la Comisión de Concertación, el presidente define la cifra del salario mínimo. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos tres años”. En su declaración, sostuvo además: “De tal manera que no se entiende qué no ha comprendido el Dr. Linares”. El dirigente sindical afirmó que la CUT y el movimiento sindical respaldarán la decisión del Ejecutivo. “Desde la CUT y el sindicalismo defenderemos el salario mínimo. El decreto del presidente Gustavo Petro es legal y constitucional”, indicó.
Las críticas también llegaron desde el Congreso de la República. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández se pronunció en su cuenta de X, donde cuestionó el papel del exmagistrado y el impacto que tendría la tutela sobre los trabajadores. “Alejandro Linares, exviceministro y exmagistrado que durante años ha vivido de sueldos millonarios del Estado, busca quitarle a más de 3 millones de trabajadores la posibilidad de un salario vital”, escribió.
En el mismo mensaje, la congresista añadió: “Los mismos de siempre: la élite bien paga pidiendo miserias para el trabajador”.
Argumentos de la tutela y advertencias económicas
La acción de tutela fue presentada por Alexander Donato Rondón y cuenta con la representación jurídica de Linares Cantillo. En el escrito, los accionantes sostienen que los decretos 1469 y 1470 de 2025, mediante los cuales se fijaron el salario mínimo y el auxilio de transporte, vulneran derechos fundamentales y afectan la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como el empleo formal e informal.
Según el documento, el incremento se habría adoptado sin el debido proceso y sin la concertación tripartita prevista en la Constitución. La tutela solicita la suspensión provisional de los decretos mientras se evalúa su constitucionalidad y advierte que “parte del daño ya estaría consolidado en empleo, costos y cierres”.
El escrito señala que el aumento promedio del 23,7%, incluyendo el auxilio de transporte, es abrupto y no consideró los efectos sobre las MiPymes. “Los pequeños negocios tendrían que elegir entre reducir jornadas, eliminar empleos o incluso enfrentar la quiebra. No podrán sostener sus actuales estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas”, indica la acción.
Los demandantes también advierten que en sectores altamente competitivos las empresas no podrían trasladar los costos adicionales a los consumidores. Además, sostienen que el impacto no sería homogéneo, ya que los trabajadores informales enfrentarían mayores barreras para acceder al empleo formal y mayores precios en bienes y servicios.
Desde el punto de vista fiscal, el documento advierte sobre un posible deterioro de la regla fiscal. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el aumento podría incrementar el déficit público en 5,3 billones de pesos en 2026 y en 8 billones a partir de 2027.
El escrito también cuestiona el uso del concepto de “salario vital”, introducido por el Gobierno con base en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que se superaron los límites normativos y se desdibujó el alcance de la concertación tripartita
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