Contraloría emitió fuerte alerta por $4.84 billones de recursos “inmovilizados” en fiducias: tomarán medidas fiscales

El organismo señaló que el 35,6% de los fondos destinados a proyectos mediante contratos fiduciarios permanece inmovilizado, lo que retrasa obras, servicios y beneficios para los colombianos

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En la revisión fiscal la Contraloría halló más la inmovilización de cerca de 5 billones de pesos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Contraloría General de la República lanzó un llamado de alerta devido a que más de un tercio de los recursos públicos gestionados a través de contratos fiduciarios permanecen sin ejecutar, “inmovilizados”, de acuerdo con la información oficial que emitió la entidad.

Según la institución, de un total de 13,46 billones de pesos comprometidos en fiducias hasta diciembre del 2024, al menos 4,84 billones permanecen sin gestión ni ejecución.

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Esta situación afecta la entrega oportuna de obras y servicios dirigidos a la ciudadanía. De hecho, a través del comunicado que publicó el organismo de control, informaron que la circunstancia “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social”.

El informe puntualizó que estos fondos, distribuidos en 156 negocios fiduciarios, continúan quitos, a pesar de estar destinados a proyectos específicos.

El organismo enfatizó que “cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al desglosar la muestra analizada, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda lidera la lista con $165.255 millones sin ejecutar, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones y el Ministerio de Salud con $67.792 millones.

En el sector fiduciario, Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones en recursos inmovilizados, mientras que Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular concentran otros montos significativos.

La Contraloría identificó que los principales factores que explican la inmovilización de estos recursos son falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos poco eficientes. El estudio advierte que la permanencia de los fondos en portafolios de baja rentabilidad genera un “mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”, ya que el rendimiento económico es muy inferior al valor público que podrían producir si se invirtieran a tiempo.