Bancada del Caribe colombiano cuestionó a Petro por traslado de cabecillas de grupos criminales a Barranquilla: “Se nota su desprecio”

Una fuerte polémica política y social sacude a Barranquilla y la región Caribe tras la decisión del Gobierno de Gustavo Petro frente al traslado de Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, así como Óber Ricardo Martínez, alias Negro Ober, cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla.

El turno fue para la bancada de congresistas del Caribe colombiano, quienes advirtieron que la medida podría traducirse en un riesgo tangible para la seguridad ciudadana.

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Efraín Cepeda, expresidente del Senado, manifestó sus críticas al mandatario colombiano sobre la llegada de estos dos criminales a la capital del departamento del Atlántico, y consideró que estas acciones obedecerían a un supuesto “revanchismo” del presidente colombiano contra la región, a raíz de los resultados electorales de 2023.

“El desprecio del presidente Petro por Barranquilla hoy se traduce en un riesgo real para la seguridad de sus ciudadanos. Las decisiones impuestas desde el Gobierno nacional, sin concertación con las autoridades locales, exponen a la ciudad a escenarios que ya han demostrado ser fallidos en otros territorios”, expresó el senador del Partido Conservador en su cuenta de X.

Igualmente, el dirigente político sostuvo que situaciones similares “ya han demostrado ser fallidas en otros territorios”, y cuestionó si el modelo adoptado podría derivar en una participación de estructuras criminales en procesos electorales, como ha sucedido en Medellín bajo el pretexto de una ‘paz total’.

“Barranquilla no puede ni va a ser laboratorio de improvisaciones ni de apuestas políticas disfrazadas de paz. La seguridad de sus ciudadanos no es negociable ni puede subordinarse a agendas ideológicas. El Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad, rectificar estas decisiones y entender que la paz se construye con institucionalidad, legalidad y respeto por los territorios, no exponiendo a la gente ni premiando a quienes durante años la han violentado”, añadió.

Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amín lanzó fuertes críticas contra el presidente Petro, ante la llegada de los líderes de Los Pepes y Los Costeños.

“Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad. Una decisión que sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito. Petro vuelve a dejar clara su postura: condescendencia con los bandidos, cero empatía con las víctimas”, expresó en sus redes sociales.

Así mismo, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, transmitió su respaldo al alcalde Alejandro Char y expresó inquietudes fundamentales frente al proceso de paz urbana en Barranquilla.

“Compartimos plenamente tu preocupación ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el acompañamiento del gobierno nacional para todo lo que esto implica? No encontramos respuestas a tantos interrogantes”, planteó.

Origen de la polémica

La controversia por el traslado de los tres máximos cabecillas de los grupos criminales de la región Caribe se originó cuando el Gobierno nacional expidió la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, en la que autorizaba a Digno Palomino y a alias Castor para participar en el proceso de paz urbana.

Dentro de esta resolución, se dispone el traslado de veinte reclusos a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla, así como la autorización expresa al Estado para entablar contactos formales con los líderes capturados otros privados de la libertad señalados como integrantes de estas organizaciones ilegales.

“Las personas autorizadas adelantarán sus labores bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y estricta confidencialidad respecto de todos los aspectos relativos al desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso”, se lee en el documento.

Este documento generó todo tipo de reacciones en la capital atlanticense. Por un lado, el alcalde Alejandro Char rechazó la decisión del Ejecutivo, y afirmó que esto no responde a las denuncias de la ciudadanía sobre el actuar de las estructuras delincuenciales en la ciudad.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, indicó Alejandro Char en su red social X.

No obstante, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario local, asegurando que su gestión como presidente ha permitido reducir la tasa de homicidios en la capital del Atlántico a la mitad.

“No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, señaló en la misma plataforma digital.