El representante a la Cámara Andrés Forero encendió la polémica en torno a la EPS Famisanar, actualmente intervenida por el Estado, tras denunciar la creación de un nuevo cargo con un salario mensual de 22 millones de pesos para un profesional internacionalista.
Según el congresista, este nombramiento evidencia un patrón de contrataciones con salarios elevados y perfiles cuestionables, que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad y afecta la atención de pacientes con enfermedades graves.
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En un derecho de petición remitido a Famisanar, Forero solicitó información detallada sobre las designaciones realizadas desde el 15 de noviembre de 2025, periodo durante el cual la EPS habría contratado al menos 75 personas, generando un gasto mensual aproximado de 700 millones de pesos.
Para el representante, estas decisiones son “incompatibles con las restricciones presupuestales vigentes” y resultan preocupantes frente a la crisis en la prestación de servicios de salud.
Entre los casos que llamó la atención del legislador figura el nombramiento de Paulo Andrés Arenas Soto, identificado como internacionalista y designado en un cargo catalogado como “nuevo” según los registros internos de Famisanar.
El contrato, que tiene vigencia indefinida desde el 20 de enero de 2025, establece una remuneración mensual de 22 millones de pesos.
Forero cuestionó la pertinencia de esta contratación en un contexto en el que la atención de pacientes con enfermedades complejas, como la esclerosis múltiple, sigue siendo insuficiente.
Otro nombramiento que despertó críticas fue el de Nathaly Sofía Ramos Maiguel, de 25 años, quien asumió la Gerencia de Gestión Humana con un salario de 23,5 millones de pesos mensuales.
La profesional, abogada con especialización en derecho procesal civil y tres años de experiencia laboral, ingresó a la EPS el 26 de noviembre de 2025 mediante un contrato sin vencimiento definido. Forero pidió a la entidad que explicara los criterios de selección y la idoneidad del perfil frente a las funciones asignadas.
Además, el derecho de petición incluye el caso de Yessid Miguel Betancourt Espitia, exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, contratado como profesional en gestión pública con un salario mensual de 40,7 millones de pesos.
Su vinculación, también bajo modalidad indefinida desde el 1 de diciembre de 2025, motivó al congresista a solicitar información sobre el proceso de selección y las justificaciones técnicas para asignar un sueldo tan elevado.
Forero subrayó que, según los documentos internos de Famisanar, incluso perfiles con menor formación académica han recibido salarios que superan ampliamente los estándares del sector.
Por ejemplo, un técnico en enfermería habría percibido más de 40 millones de pesos al mes, mientras que un bachiller habría sido remunerado con 28 millones. Durante 2025, la EPS contrató un total de 572 personas, lo que generó una carga mensual superior a los 2.700 millones de pesos.
En respuesta, Famisanar defendió su política de contratación, asegurando que los procedimientos internos se ajustan a principios de austeridad y eficiencia, y que los perfiles asignados cumplen con los requisitos de los cargos.
Sobre los casos de los salarios altos, la EPS explicó que algunos nombramientos, como el del bachiller, respondieron a necesidades transitorias de empalme técnico y continuidad operativa durante cambios administrativos.
La entidad también aclaró que los datos entregados provienen de su sistema de gestión interna, Kaktus, y que reflejan los perfiles disponibles al momento, aunque no incluyen información completa sobre títulos académicos o experiencia laboral adicional.
A pesar de estas aclaraciones, Forero insiste en que el propósito del derecho de petición es evaluar si los cargos y las remuneraciones cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen el sector público.
El legislador también pidió que se informe sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la sostenibilidad financiera reportada por la EPS.
El representante anunció que, una vez recibida la respuesta oficial de Famisanar, analizará la información para determinar la pertinencia de acciones adicionales desde el control político en el Congreso de la República. Por ahora, el trámite se encuentra en curso y espera resolución dentro de los plazos legales establecidos.
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