Gobierno nacional, en plena emergencia económica, entregó multimillonario contrato a empresario que prestó avión a Petro en su campaña presidencial

El 24 de diciembre de 2025, en medio de la celebración de navidad y el anuncio del Gobierno nacional de decretar emergencia económica en el país, el Instituto Nacional de Vías (Invías) divulgó discretamente la apertura de la contratación para reconstruir un tramo clave de la Transversal del Carare, arteria fundamental para conectar el sur de Santander con el Magdalena Medio.

Esta licitación, cuyo proceso fue cuestionado por su sigilo y velocidad, implicó una inversión de casi $180.000.000.000, incluyendo los recursos para la intervención técnica. La adjudicación, definida por Invías en menos de un mes, quedó en manos de la Unión Temporal Transversal del Carare, conformada por empresas controladas por la familia Contecha, reconocidos contratistas del Estado y simpatizantes del presidente Gustavo Petro, según información obtenida por Semana.

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Cabe recordar que Pedro Contecha, representante legal de Ingeniería de Vías S.A.S., aparece vinculado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, ya que la empresa facilitó uno de sus aviones privados al entonces candidato, según consta en un manifiesto de vuelo del 8 de marzo de 2022. En aquel trayecto también se desplazaron Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Roosevelt Rodríguez y Daniel Rojas. El préstamo de esta aeronave, en época electoral, no lo reportaron en las cuentas oficiales de campaña.

El proceso de adjudicación, que culminó el 24 de diciembre 2025 exactamente a las 11:00 p.m., se notificó en la plataforma Secop II a las 10:09, apenas 23 minutos después de que se divulgó la invitación para la interventoría. De forma paralela, el medio citado verificó que la estructuración, convocatoria y firma del contrato se efectuaron en menos de 30 días.

La Unión Temporal Transversal del Carare se conformó por Infraestructuras Viales, responsable del 10% del contrato, y Equipos y Triturados, encargada del 90%. Los registros oficiales muestran como representantes legales a Diana Patricia Paz Acosta en Infraestructuras Viales y Jesús Antonio Contecha Carrillo en Equipos y Triturados, aunque Semana reveló que los Contecha son los beneficiarios últimos de ambas compañías. Infraestructuras Viales, a su vez, posee entre sus socios a Equipos y Triturados (45%), Ingeniería de Vías S.A.S. (45%), y el propio Jesús Contecha con el resto.

La selección de oferentes para la reconstrucción incluyó a Latinco S.A., Explanan S.A.S. y Equipos y Triturados, a quienes Invías envió invitaciones a cotizar el 12 de diciembre, con fecha límite para presentar propuestas hasta las 4:00 p.m. del 15 de diciembre de 2025. Las tres empresas cumplieron con la solicitud, aunque disponían apenas de dos días para estructurar sus ofertas, cuyo tope era de $164.727.425.526.

Según el informe de verificación de cotizaciones, Latinco fue la primera en remitir propuesta a las 3:39 p.m. de la fecha límite, seguida por la Unión Temporal Transversal del Carare a las 3:50 p.m y finalmente Explanan a las 3:58 p.m. El análisis de los correos oficiales evidenció discrepancias: la Unión Temporal ganadora sólo completó la entrega de documentos el 17 de diciembre a las 4:00 p. m., es decir, dos días después del plazo original. Por su parte, Explanan presentó su cotización dentro del tiempo estipulado, a las 3:58 p.m del 15 de diciembre.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transporte, aseguró, al medio citado, que “no existió inconsistencia alguna”, justificando la ampliación del plazo de recepción hasta el 17 de diciembre. Sin embargo, el propio registro documental evidencia que únicamente la Unión Temporal ganadora envió la totalidad de sus documentos en ese periodo extraordinario, mientras sus competidores lo hicieron dentro de la fecha fijada originalmente.

Invías sostuvo que la “rapidez con la que se llevó a cabo” este procedimiento fue consecuencia de “la urgencia manifiesta”. Ambos organismos defendieron la transparencia del proceso, asegurando que recurrieron a la contratación directa por la imposibilidad de adelantar “un proceso de selección ordinario sin agravar la situación de riesgo”.