La confirmación de que Colombia cerró el año 2025 con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 5,10%, divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el 8 de enero de 2026, indica que el país acumula cinco años consecutivos sin alcanzar el rango meta de inflación definido por el Banco de la República.
Este desvío persistente obliga a considerar tanto los riesgos de mediano plazo, como la necesidad de medidas de política monetaria más restrictivas que podrían adoptarse durante 2026, junto al impacto directo sobre sectores críticos, como el arrendamiento de vivienda, el transporte y los costos educativos.
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La reiteración en el incumplimiento de metas preocupa especialmente por el efecto estructural que representa: “Nos estamos acostumbrando a una inflación más alta del tope máximo que establece el Banco de la República”, advirtió José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, en diálogo con Infobae.
Según Restrepo, el fenómeno implica que las familias más vulnerables sufren el “impuesto más regresivo posible” dentro de la economía nacional: altos costos y tasas de interés cada vez más altas.
El experto subraya que el problema no es aislado: mientras la mayoría de países en América Latina ha regresado a niveles de inflación entre el 3 % y el 4 %, muchos ya dentro de sus propios rangos de meta, Colombia se mantiene “como la oveja negra” en la región.
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La comparación regional incluye condiciones macroeconómicas favorables para la desinflación, como una tasa de cambio baja —“en el caso colombiano, las tasas de cambio sabemos que son muy bajitas”— y comportamientos del índice de precios al productor también alineados con estabilidad, pero esos factores no se han traducido en el regreso al objetivo oficial.
Los desafíos económicos para 2026 con una inflación del 5,10%
Uno de los desafíos más críticos para el este año 2026, según el rector de la EIA, radica en que la presión inflacionaria no muestra indicios de ceder. Restrepo anticipa que este sería el sexto año fuera del rango meta y el tercero consecutivo con incumplimiento del compromiso anual.
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El exministro lo atribuye, entre otras causas, a factores fiscales: “El gobierno no ha ayudado a que eso se dé. Y no lo ha hecho justamente por el exceso de gasto público, por el exceso de déficit fiscal, que tiene que ser financiado con más deuda pública”, explicó en Infobae.
La relación entre el déficit fiscal y la inflación se profundiza mediante mecanismos de financiamiento a través de títulos de deuda interna. Restrepo llamó la atención sobre el “récord histórico” de déficit fiscal previsto para 2026 y los “aumentos de más del ciento cuarenta por ciento en el monto total” tanto de las emisiones de Títulos de Tesorería (TES) como de las operaciones temporales de tesorería, comparados con 2022 y 2023.
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Añadió que en estas operaciones de corto plazo, que se convierten después en deuda de largo plazo, el volumen superó el 300 % en el lapso mencionado, lo que incrementa de manera alarmante el saldo de deuda del país.
Como subraya Restrepo, la única herramienta efectiva que queda para frenar la inflación es el encarecimiento del crédito bancario, vía tasas de interés: “No existe otra alternativa distinta a aumentar las tasas de interés de política monetaria”.
La complejidad económica de una inflación alta en año de elecciones
El entorno adquiere mayor incertidumbre en el contexto de año electoral, donde suelen paralizarse inversiones y mensajes fiscales y de inflación pueden “exacerbar la incertidumbre” de los mercados y calificadoras.
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Para el sector privado, la financiación del déficit mediante deuda interna genera un “crowding out”, es decir, una expulsión de recursos originalmente destinados al sector empresarial.
Restrepo advierte sobre el riesgo de un reflujo inflacionario adicional, la “reflación”, dificultando la inversión y el crecimiento esperado para 2026. Admite que una tasa de cambio baja podría atenuar parcialmente las presiones sobre los precios, aunque califica esa condición de “ficticia”, pues responde a la entrada de divisas provenientes del endeudamiento público y no a fortaleza estructural.
El exministro concluye que, ante las condiciones actuales, ninguno de los mensajes transmitidos al mercado favorece un clima propicio para la inversión, especialmente en un año marcado por la transición política del país.
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