El Gobierno colombiano dispuso un incremento temporal en los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y tabaco, una medida que empieza a regir durante el año gravable 2026 con el objetivo de fortalecer el flujo de recursos hacia el Presupuesto General de la Nación.
La decisión, formalizada mediante el ya anunciado Decreto 1474 de 2025, con el cual responde a la emergencia económica, social y ecológica vigente desde finales del año anterior y busca sortear el desequilibrio provocado por la reciente crisis fiscal, cuyas consecuencias podrían extenderse más allá de 2026 si no se atenúan las restricciones presupuestarias.
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El Ministerio de Hacienda subrayó que los fondos adicionales logrados a través de este incremento deben destinarse de manera exclusiva al Presupuesto General, con el fin de conjurar las causas inmediatas de la crisis y evitar que sus efectos se prolonguen.
Esta disposición supone una alteración importante del modelo habitual, ya que tradicionalmente los departamentos han dependido en gran medida de estos gravámenes para financiar sus propios programas de salud, educación y deporte. Para estos gobiernos regionales se trata de una redefinición de la distribución de recursos públicos que amenaza uno de sus pilares presupuestarios.
Las autoridades departamentales alertaron impacto económico en sus regiones por esta decisión
La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores del país expresaron su desaprobación mediante un comunicado y una carta dirigida al ministro de Hacienda colombiano, Germán Ávila Plazas.
Sostuvieron que “el incremento del impuesto al consumo de licores y cigarrillos vulnera la autonomía fiscal de las entidades territoriales y pone en riesgo una de sus principales fuentes de ingresos”. La FND advirtió que estos gravámenes resultan vitales para el funcionamiento de servicios fundamentales en las regiones, por lo que la redistribución planteada podría afectar negativamente áreas como salud, educación y deporte.
Además, los mandatarios enfatizaron otra arista preocupante: el riesgo de que el alza en las tarifas propicie un repunte del contrabando y el comercio ilegal. Los gobernadores alertaron que “un mayor precio de los productos legales podría incentivar el comercio ilegal”, lo que puede traducirse en una merma del recaudo efectivo y el fortalecimiento de redes criminales dedicadas al contrabando, con efectos adversos no solo en el plano financiero, sino también en la seguridad y la salud pública.
La controversia alimenta la disputa sobre el equilibrio entre la urgencia fiscal del Gobierno central y la autonomía regional. Frente a los argumentos del Ejecutivo, que enfatiza la constitucionalidad y necesidad inmediata del decreto, los departamentos han dejado abierta la posibilidad de interponer acciones judiciales en defensa de sus ingresos y competencias.
¿Qué dice el decreto sobre los impuestos a cigarrillos y licores?
El nuevo régimen fiscal establece que productos como licores, vinos y aperitivos soportarán una tarifa del 19% de IVA, acompañada de un incremento sustancial en el impuesto al consumo de estos artículos. Además, el decreto amplía el ámbito de aplicación de los impuestos al tabaco y los cigarrillos para abarcar, por primera vez, a dispositivos electrónicos como vapeadores, indistintamente de si contienen o no nicotina.
Esta extensión, según el Ejecutivo, se justifica en virtud del impacto perjudicial que estos productos generan en la salud pública, alineándose con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, el decreto introduce un conjunto de medidas tributarias orientadas a incrementar el recaudo fiscal en 2026. El texto dispone la aplicación del IVA del 19% a las apuestas y juegos de azar por internet, sin importar si las plataformas operan dentro o fuera del país. También limita las exenciones de IVA en compras internacionales, permitiendo que solo los envíos de menos de 50 dólares queden libres de este tributo.
Además, se endurece el impuesto al patrimonio para personas con grandes fortunas, al establecer tarifas progresivas que llegan hasta el 5%. El sector financiero enfrentará en 2026 una tarifa total del 50% en impuesto de renta, y se crea un tributo temporal del 1% sobre la extracción y exportación de petróleo y carbón.
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