Piden a las altas cortes y al Congreso un pronunciamiento “inmediato” en defensa de la soberanía nacional, tras amenaza de Estados Unidos

La exfiscal Angélica Monsalve envió una comunicación formal dirigida al poder legislativo y judicial en la que solicitó un pronunciamiento institucional “inmediato y categórico” frente a lo que considera posibles amenazas a la soberanía nacional y al orden constitucional.

La actuación fue realizada mediante un derecho de petición, sustentado en disposiciones de la Constitución Política, y se conoció públicamente a través de un mensaje difundido por la exfuncionaria en su cuenta en la red social X, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no descarta una intervención militar en Colombia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, Monsalve señaló que había acudido a las altas cortes y al Congreso de la República, para requerir una manifestación pública en defensa de la soberanía, en medio de un escenario internacional que ha generado reacciones en distintos sectores del país.

La carta enviada por la exfiscal tiene fecha del 7 de enero de 2026 y está dirigida a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como a los congresistas de la República. En el documento, Monsalve indica que actúa en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y se identifica como ciudadana comprometida con la defensa del Estado Social de Derecho.

En el texto, la exfiscal solicita un pronunciamiento institucional frente a manifestaciones públicas atribuidas a Donald Trump. Según se expone en la comunicación, dichas expresiones han sido interpretadas en distintos escenarios nacionales e internacionales como potencialmente lesivas de la soberanía, la autodeterminación y la institucionalidad del Estado colombiano.

Monsalve fundamenta su petición en varios artículos de la Constitución Política, entre ellos los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 101, 102 y 113, los cuales, según expone, establecen principios relacionados con la soberanía, la independencia del Estado, el orden constitucional y el equilibrio institucional. En ese sentido, resalta el papel del Congreso y de las altas cortes como garantes de la Constitución y del orden jurídico, así como de los principios que orientan las relaciones del Estado colombiano frente a actores externos.

Argumentos jurídicos expuestos

En la carta, la exfiscal sostiene que las expresiones y posturas públicas de actores políticos extranjeros que puedan implicar presiones, injerencias o amenazas, directas o indirectas, sobre decisiones soberanas del Estado colombiano deben ser objeto de una valoración jurídica e institucional clara. Según el documento, ese tipo de pronunciamiento contribuiría a la defensa del interés nacional, a la tranquilidad de la ciudadanía y al respeto del principio de autodeterminación de los pueblos.

“Las expresiones y posturas públicas de actores políticos extranjeros que puedan implicar presiones, injerencias o amenazas directas o indirectas sobre decisiones soberanas del Estado colombiano, ameritan una valoración jurídica e institucional clara”, se lee en la comunicación. La exfiscal agregó que dicha valoración debería realizarse en el marco de las competencias constitucionales de las instituciones a las que dirige su solicitud, sin que ello implique pronunciamientos de carácter político-partidista.

Contexto de tensión diplomática

La solicitud de la exfiscal se produce en medio de un escenario de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. En los días previos, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización ciudadana para el miércoles 7 de enero de 2026, tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que se refirió al mandatario colombiano y sugirió posibles acciones contra el país.

Trump calificó a Petro de “enfermo” y afirmó que el presidente colombiano apoyaría la producción de drogas. Además, insinuó la posibilidad de una operación militar en territorio colombiano, afirmaciones que generaron reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Ante este panorama, el presidente Petro anunció que encabezaría una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 4:00 p. m., al tiempo que se convocaron movilizaciones simultáneas en plazas y parques de diferentes ciudades del país. “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país”, afirmó el jefe de Estado.

De manera paralela, el martes 6 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó una nota verbal de protesta dirigida al Gobierno de Estados Unidos, en la que dejó constancia del rechazo del Estado colombiano a cualquier declaración que pusiera en entredicho la soberanía nacional o alterara el respeto entre ambos países.

La Cancillería señaló que las diferencias entre Estados deben resolverse exclusivamente por medio del diálogo diplomático y conforme a los principios del derecho internacional. “Hemos dicho también que rechazamos todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y que rechazamos las administraciones de tipo colonialista cuando hemos llegado a la soberanía de los países”, afirmó la canciller de Colombia.